Una investigación por peculado, cohecho y defraudación al Estado reveló un sofisticado sistema de corrupción al interior de la Unidad Regional II, que funcionó durante al menos dos años.
En una audiencia que culminó este martes, el fiscal José Luis Caterina encabezó la imputación de catorce personas –en su mayoría ex jefes y oficiales de la Policía– por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada a la malversación de caudales públicos destinados al combustible de móviles policiales. El esquema, montado en el corazón de la Unidad Regional II (URII), habría operado con impunidad desde mayo de 2023 hasta mayo de 2025.
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dio por formalizada la imputación y resolvió prorrogar la prisión preventiva para tres de los acusados –Juan V., Rodrigo D. y Juan H.– hasta el 14 de mayo de 2026.
Para el resto de los imputados, se mantendrán las medidas cautelares dictadas anteriormente, las cuales se prorrogarán automáticamente si se presenta la acusación.
Estructura
Según la teoría expuesta por el fiscal, la organización criminal estaba liderada por el ex Director de Policía y Jefe de la URII, Daniel Acosta, quien delegaba la operación logística y el control en su hombre de confianza, el ex Jefe de la Secretaría Privada, Rodrigo D., señalado como el “organizador” del entramado.
El modus operandi consistía en un arreglo ilegítimo con la estación de servicio “Gas Auto Tiferno”, ubicada en avenida Ovidio Lagos al 3900, proveedora oficial de combustible. La maniobra se basaba en la sobrefacturación o “facturación fantasma” de cargas de combustible para los patrulleros. La empresa, a cambio, entregaba retornos en efectivo cada quince días a las distintas secciones policiales involucradas.
El dinero ilícito, producto de un porcentaje sobre la ganancia ilegítima de la estación de servicio, ascendía hasta los máximos dirigentes. Rodrigo D. controlaba estrictamente que cada sección hiciera llegar el dinero en efectivo a la Jefatura, a veces a través de sobres o mediante Gerardo R. (ya imputado), quien actuaba como cobrador y presionaba a los jefes morosos.
La organización incluso implementó un sistema interno de castigos denominado “O.G.M.” (Oficina de Gestión de Multas), que sancionaba a los miembros que se atrasaban en el pago de estas “cuotas” ilegales. Este mecanismo también se utilizaba para exigir otras dádivas, como bebidas alcohólicas de alto valor o productos gourmet, generando malestar y perjuicio económico incluso entre los propios subordinados.
Los roles
La lista de imputados lee como un directorio de las secciones operativas de la URII. Entre los principales acusados se encuentran:
Daniel A. (Ex Jefe de la URII): Imputado como jefe de la asociación ilícita, además de cohecho pasivo, peculado y defraudación agravada.
Rodrigo D. (Ex Jefe de Secretaría Privada): Señalado como organizador de la operatoria, controlaba el flujo de dinero y aplicaba las “multas” internas.
Jefes de Sección (Adrián B., Fabián B., Roberto B., Nicolás C., Diego L., Diego S., Héctor S., entre otros): Acusados de ser miembros de la asociación y autores de peculado. Muchos de ellos también enfrentan cargos por cohecho pasivo y falsedad ideológica. Se les atribuye haber dirigido la facturación fraudulenta desde sus respectivas áreas: Brigada Motorizada, Comando Radioeléctrico, Cuerpo Guardia de Infantería, Escuadrón Caballería, Grupo Táctico Multipropósito y Sección Logística.
Edgardo R. (Inspector) y Roberto S. (Interventor de Medicina Legal): Utilizaban móviles oficiales para facturar cargas fantasmas, repartiéndose el dinero con Rodrigo D.
La investigación tuvo un punto de quiebre el 5 de mayo de 2025, con una serie de allanamientos donde se encontró, por ejemplo, a Juan V. (encargado de combustible de Motorizada) en su domicilio con más de 300 tarjetas Visa Flota y un posnet de la empresa Tiferno, en plena tarea de facturación fraudulenta.
El caso, que continúa su curso, expone una de las redes de corrupción policial más extensas y organizadas de los últimos tiempos, donde altos mandos utilizaban su posición para defraudar sistemáticamente al Estado provincial. una contraprestación por esta tarea.
Fuente: Cadena 3