La Ley 27.191 que impulsó el crecimiento de las energías limpias vence en 2025. Sin pedir subsidios, las empresas exigen previsibilidad fiscal y jurídica para seguir invirtiendo.
La Ley 27.191, sancionada en 2015 y reglamentada un año después, fue un antes y un después para las energías renovables en Argentina. Con apoyo político amplio, logró sostener un mercado en expansión durante casi diez años y atravesó sin interrupciones cuatro gobiernos.
Pero ahora, con su vencimiento previsto para fines de 2025, el debate sobre qué hacer con ella ya está en marcha: ¿renovarla, actualizarla o reemplazarla?
La 27.191 es, sin dudas, un caso particular dentro del entramado energético argentino. Su debate comenzó a fines de 2014 y, casi por unanimidad, fue aprobada en septiembre de 2015, en los últimos meses del mandato de Cristina Kirchner. Luego, el gobierno de Mauricio Macri la reglamentó con rapidez y la puso en marcha en mayo de 2016.
Fue en ese momento cuando se lanzó el programa Renovar y el sector de las energías renovables despegó: se pasó de un modesto 2% a un 12% de participación en la matriz energética hacia el cierre de su gestión.
Durante el período de Alberto Fernández, la ley se mantuvo activa y cobró impulso la posibilidad de realizar contratos entre privados a través del MATER. Y ya con Javier Milei en la presidencia, la norma sigue en pie.
En esta década, el crecimiento fue sostenido. Las inversiones superaron los 7.000 millones de dólares en el sector renovable, y hoy la Argentina cuenta con 6.000 MW de potencia renovable instalada. Lo notable: 5.200 MW de ese total se sumaron a partir de 2016.
Como lo resume Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA): “Fue una irrupción impresionante en un corto lapso”.
Cuando se lanzó el programa Renovar, el sector de las energías renovables despegó: se pasó de un modesto 2% a un 12% de participación en la matriz energética hacia el cierre de su gestión.
Ahora se empieza a discutir qué pasará con el futuro de la Ley 27.191. Ruiz Moreno asegura que ya habló del tema con integrantes de la Comisión de Energía del Congreso.
“La industria requiere estabilidad regulatoria y definiciones claras sobre la transición energética, no subsidios”, señala Lucas Méndez Trongé, Director de Asuntos Institucionales y Comunicación en PCR, empresa que se dedica a la generación de energías renovables.
Ruiz Moreno también mencionó que las gestiones no se limitaron a una sola vía: “Hemos mantenido conversaciones en todos los niveles: ejecutivo, autoridades regulatorias, legislatura. Cuando se plantean estos temas te aceptan la razonabilidad del planteo, pero es como que hay una especie, como dirían los franceses, de ralentizar el tema y no te lo terminan resolviendo”.
Por su parte, Juan Carlos Villalonga, ex Diputado Nacional y especialista en temas ambientales, principalmente en energía y cambio climático, también está en contacto con legisladores.
“Este debate tiene que darse en el marco del Congreso. Y por allí se tienen que dar las discusiones. Hay conversaciones con algunos diputados para que hagan un proyecto de emergencia. Vamos a intentarlo”.
La clave ahora es cómo sigue este camino. Desde la industria proponen no solo prorrogar la ley, sino también adaptarla a nuevos desafíos y objetivos más ambiciosos.
«La continuidad de la ley —actualizada a los desafíos actuales— es clave para sostener un crecimiento ordenado y confiable del sector renovable», apuntan desde distintos espacios.
Qué se espera hacia adelante
¿Qué hace tan relevante a esta ley? Básicamente, que dio al sector previsibilidad jurídica y regulatoria, lo que permitió atraer inversiones y garantizar estabilidad. El problema es que el debate por su continuidad no está siendo abordado con la urgencia que requiere.
“Cuando una ley llega al final de su periodo de aplicación, lo sensato es que haya una evaluación: funcionó o no, cómo conviene seguir, si suspendemos, si adecuamos, si extendemos, si por el contrario aumentamos la ambición. Y eso es lo que no está ocurriendo. Estamos careciendo de una evaluación”, señaló Villalonga.
Ruiz Moreno lo explica con claridad: “Lo ideal es que esta norma, la 27.191, sea prorrogada, o actualizada, o modernizada, pero siguiendo este camino que te piden los inversores: con seguridad jurídica y fiscal. Y no piden beneficios fiscales».
También advirtió que “no saber con qué reglas de juego se van a encontrar en el 2026 va a generar discontinuidades. Y en una industria la discontinuidad es fatal”.
Por eso propone una “extensión de emergencia de la ley por 5 años, asegurando las herramientas que están en este momento en vigencia. En el entretanto, hay que discutir qué queremos hacer con las renovables para la próxima década”.
Trongé también remarca la urgencia de contar con una hoja de ruta clara: “Nadie va a construir algo que después no sabe ni a qué precio va a vender ni contra quién tiene que competir, con lo cual hoy de alguna manera estamos en un momento de wait and see”.
Y concluye con un mensaje claro: “No es que estamos pidiendo un subsidio o algo parecido. Lo que necesitamos es tener estabilidad fiscal y que no nos metan tributos, impuestos y disposiciones que al final te sacan del mercado, te hacen menos competitivo”.
Ruiz Moreno lo explica con claridad: “Lo ideal es que esta norma, la 27.191, sea prorrogada, o actualizada, o modernizada, pero siguiendo este camino que te piden los inversores: con seguridad jurídica y fiscal. Y no piden beneficios fiscales».
«El inversor no está pidiendo beneficios fiscales. Seguridad jurídica en relación a que se cumplan los objetivos y seguridad fiscal en relación a no me metan impuestos ni tasas que no tienen nada que ver con el régimen este federal”, señaló.
Qué dice la ley sobre impuestos
El artículo 17 de la Ley establece que las fuentes renovables no pueden estar sujetas a impuestos específicos, tasas o cánones de ningún nivel del Estado hasta el 31 de diciembre de 2025. Pero ¿qué pasa después?
Vilallonga lo explica: a partir de 2026 “vencen determinadas cuestiones dentro de la ley, como el paquete de beneficios para los proyectos renovables, pero no la ley, que va a seguir existiendo”. Agrega que “la ley tiene un paquete de beneficios y estabilidad fiscal, asociados al cumplimiento de determinadas metas, que deberían ser prorrogadas”.
Se suman incentivos concretos: amortización acelerada, devolución anticipada del IVA, exenciones impositivas, herramientas que mejoran la competitividad de los proyectos y los vuelven más atractivos para el mercado.
Uno de los temas que más inquietan es la posibilidad de que provincias o municipios impongan tributos por fuera del marco nacional. “Un elemento que preocupó mucho siempre es que las provincias puedan hacer leyes oportunistas o inesperadas, metiendo un impuesto nuevo”, alertó Villalonga.
Como ejemplo, recordó el caso del llamado “Impuesto al Viento” en Puerto Madryn. La municipalidad intentó cobrarle $38 millones a Nordex Windpower, pero la justicia falló a favor de la empresa y dejó sin efecto la tasa por contradecir el régimen nacional.
Ruiz Moreno fue claro: “El tema dejó de tener efecto y la justicia le dio la razón a los generadores porque esta ley, la 27.191, es una ley de carácter federal y la energía es un elemento de interés nacional”.
Y advierte que si la norma no se renueva “los proyectos no tendrán la seguridad jurídica como para que los inversores continúen haciendo lo que venían haciendo en el marco de esta ley”.
Desde PCR coinciden: “Lo que se plantea acá es que se mantenga la estabilidad fiscal para que no haya una situación de cambio de las reglas”.
Y agregan: “Si cae la ley, las provincias y los municipios podrán decir ‘Ya está, ahora estoy liberado para poner tasas, cánones o regalías’. Cualquier proyecto que hacemos son a 30 años y por eso necesitamos tener claridad de cómo va a ser para adelante”.
El desafío de la transición energética
El artículo 5 de la norma fijó como meta llegar al 20% del consumo eléctrico con renovables para el 31 de diciembre de 2025. Si bien todavía no se alcanzó ese techo, los números muestran avances importantes.
Según Villalonga, “al 31 de diciembre de 2024 estuvimos en 19.1%, con un promedio anual ese año de aproximadamente 14 y 15%. Este año es muy probable que lleguemos en un promedio anual del 18%. Y es posible que en diciembre de 2025 estemos casi seguros en el 20%”.
Y agrega: “Con lo cual, por el cumplimiento del objetivo, teniendo en cuenta que hace 10 años teníamos menos del 2%, no estamos mal. Diría que es una rareza dentro de la política argentina una ley que se trace un objetivo y lo alcanza o casi casi. Con este parámetro, la ley es un éxito”.
Villalonga suma otro argumento: “A partir del 2026, la meta que debería salir de una posible nueva ley es tiene que ser del 35%. Porque es el esfuerzo que tiene que hacer el país para cumplir la actual NDC. Nuestro actual compromiso frente al mundo de reducción de emisiones nos indica que tenemos que llegar a cierto número”.
Los beneficios de la Ley 27.191
Uno de sus principales ejes es el impulso a las energías renovables. Además, crea un marco que incentiva la inversión en tecnologías limpias, con beneficios fiscales y financieros pensados para dinamizar el desarrollo del sector y modernizar su infraestructura.
El crecimiento de esta industria también se traduce en empleo. Desde la construcción hasta la operación y el mantenimiento de los proyectos, la cadena renovable abre oportunidades laborales en múltiples frentes.
Otro punto fuerte es que la ley da previsibilidad. Ofrece un marco regulatorio claro y estable, que facilita tanto la planificación como la toma de decisiones de inversión en un sector que necesita horizonte de largo plazo.
A eso se suman incentivos concretos: amortización acelerada, devolución anticipada del IVA, exenciones impositivas. En resumen, herramientas que mejoran la competitividad de los proyectos y los vuelven más atractivos para el mercado.
Un aspecto no menor es lo que plantea el artículo 8: todos los usuarios de energía tienen la obligación de contribuir a las metas, llegando al 20% de consumo proveniente de fuentes renovables para fines de 2025.
Desde el sector energético vienen reclamando que ese objetivo se actualice y que, sobre todo, se refuercen los mecanismos obligatorios de cumplimiento, especialmente en lo que refiere a los grandes consumidores.
Fuente: Dinamicarg