En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, con el objetivo de contener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2°C respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. La UE ratificó el Acuerdo en octubre de 2016 y España lo hizo en 2017. Con este hito, la Comunidad Internacional asumía que el ser humano había provocado un daño irreversible en la atmosfera terrestre y que el tiempo para evitar una debacle planetaria era muy limitado. Es un artículo de Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier, que se publicó ayer en el periódico La Verdad.
El reto de esta generación consiste en lograr una transformación urgente en nuestra forma de producir y consumir bienes, sin que ello condicione nuestro bienestar; los cambios que experimentará nuestra estructura socio-económica post Covid-19 será, sin lugar a dudas, un elemento dinamizador en esta dirección. La clave de todo este proceso radica en la capacidad de electrificar y ordenar nuestros consumos de energía.
El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que provocan el cambio climático, proviene de la producción de energía, por lo que era y es urgente impulsar nuevas políticas energéticas que nos permitan realizar la transición del modelo de generación fósil al modelo de generación eléctrico-renovable. En España, tan solo el 18% de los consumos energéticos que realizamos provienen de fuentes renovables, mientras que el grueso de nuestra demanda de energía sigue “cautiva” de la generación de origen fósil: derivados del petróleo y gas, básicamente.
Como es sabido, las renovables producen, fundamentalmente, electricidad; mientras que los combustibles fósiles ofrecen, principalmente, energía térmica, como la producida por calderas de gas o motores de combustión; aunque también generan energía eléctrica para el sistema general de suministro, a través de las centrales de ciclo combinado de gas, que aportan un 22% (2019) de la energía eléctrica que consumimos. Por lo tanto, el porcentaje final de renovables en el consumo energético total que hacemos los españoles nos viene y nos vendrá limitado por el grado de electrificación de nuestros requerimientos energéticos particulares, profesionales e industriales.
La realidad es que tan solo un 36,8% de la energía eléctrica que consumimos en 2019 fue de origen renovable (Datos de REE) y que la demanda de energía eléctrica en España durante ese ejercicio fue un 1,5 % inferior a la del 2018, un descenso que será aún más acusado en 2020.
Así pues, una mayor penetración de energías renovables en el sistema eléctrico, por grande que pudiera ser, no garantizará por sí sola que se puedan alcanzar los objetivos de descarbonización del Acuerdo de París. Si no asistimos a la electrificación rápida y efectiva de los consumos de ciudadanos y empresas, cualquier esfuerzo que se realice en esta dirección no solo podría resultar en balde a los efectos de alcanzar el porcentaje de penetración de fuentes renovables en el consumo final de energía –establecidos por la Unión Europea en un 32% y muy mejorados por nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que plantea un 42%– sino que, además, podría dar lugar a escenarios inesperados e indeseables.
Conocidos los datos de Red Eléctrica de España referentes a la potencia renovable ya instalada o que cuenta con permiso de acceso y conexión, de llevarse a cabo la totalidad de los proyectos registrados, se agregaría al Sistema una potencia total de eólica y fotovoltaica de 170 GW –cuando el PNIEC prevé incorporar 59 GW hasta 2030– en un escenario en el que ni sube la demanda de electricidad, ni se produce la esperada electrificación de la economía.
Por lo tanto, es preciso articular mecanismos de control de la nueva potencia de generación que se incorpora en cada ejercicio al sistema eléctrico –en cualquiera de sus modalidades tecnológicas y de propiedad– junto con un impulso decidido y urgente para trasladar los consumos de energía fósil a energía eléctrica, a través de la sensibilización ciudadana, pero, fundamentalmente, articulando políticas de impulso –especialmente en movilidad y transporte, que agrupan el 42% del consumo de energía final– y una fiscalidad verde, que compense las externalidades negativas de las emisiones contaminantes y desincentive unos usos en favor de otros, de tal forma que también contribuya la generación fósil a soportar el gran esfuerzo inversor que ha requerido el cambio de modelo energético.
Es necesario, además, revisar el mecanismo de formación de precios en el mercado mayorista puesto que, por su naturaleza marginalista –que ya supuso un grave desequilibrio en el pasado en forma de sobre retribuciones a centrales hidráulicas y nucleares de las grandes empresas, provocando un alarmante déficit de tarifa– empieza a dar las primeras señales de infra retribución en determinadas horas, fenómeno que pudo apreciarse de forma muy clara en las semanas con baja demanda de electricidad, motivada por la caída de la actividad industrial inducida por el parón económico derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.
Por otra parte, es obligado incorporar las nuevas figuras que permiten a los ciudadanos participar directamente en la generación de su propia energía. Nuestra normativa de autoconsumo ofrece un marco sólido y confiable para el desarrollo de esta modalidad de producción y consumo. Las comunidades ciudadanas de energía son otra pieza esencial para consolidar el nuevo modelo renovable y social en España, pero siempre manteniendo un equilibrio solidario y suficiente en el sistema eléctrico al que se incorporan y del que todos los ciudadanos formamos parte.
Las Directivas 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y 2019/944, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, sientan las bases para que los Estados miembros avancen hacia un nuevo marco energético común, pero siempre sobre los diseños de abastecimiento eléctrico que mejor se adapte a las singularidades de cada país y éstos mismos decidan, procurando señales de inversión precisas y seguridad jurídica para las inversiones, e impulsando el desarrollo de nuevas figuras al mercado de la energía; pero todo ello asentado sobre lo que la UE considera premisa fundamental: proteger el Sistema, garante del acceso a la electricidad de todos los ciudadanos y ente esencial semipúblico, que permite la vertebración del nuevo modelo energético descarbonizado de los Estados y de la Unión. En este marco, cumpliendo con la senda de electrificación, todas las modalidades de propiedad de generación, almacenamiento y distribución, deben tener cabida y son necesarias.
Fuente: Energias renovables