El Gobierno afrontará el dictamen otorgado por la Justicia de Nueva York que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones.
El 23 de Enero de 2024 es la fecha elegida para que el Gobierno de Javier Milei presente sus argumentos para apelar el fallo de la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF y que obliga al país a pagar US$ 16.000 millones.
El monto corresponde al juicio iniciado por el fondo de inversión Burford Capital a raíz de la nacionalización de la petrolera realizada en 2012 durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. De allí surgió el fallo de la jueza Loretta Preska, a raíz del trato desigual a los accionistas de la empresa.
La apelación había sido adelantada apenas se conoció el fallo por la ahora exvocera presidencial Gabriela Cerruti: “El Gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente (por Alberto Fernández) analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, dijo la funcionaria luego de la decisión de la magistrada el 15 de septiembre.
Primero, la Argentina debía depositar una garantía por el monto del fallo para apelar sin que los demandantes puedan ejecutar los embargos sobre el país. La fecha límite para depositar ese pago era el 5 de diciembre.
El Gobierno saliente hizo un pedido a la jueza para postergar el plazo a raíz del cambio de gestión. Ahora, se deberá depositar el pago el 10 de enero, que representará el primer contacto de Milei en las cortes internacionales.
“Para adaptarse a la nueva administración en Argentina, la Corte permitirá hasta el 10 de enero que la República entregue los activos a los Demandantes, como se indica en la orden de la Corte del 21 de noviembre”, sostuvo la justicia norteamericana cuando concedió la solicitud de Alberto Fernández a fines de noviembre.
En ese marco, Preska accedió a que no se abone el total del fallo (16 mil millones de dólares) pero a cambio pidió como garantía las acciones del Estado en YPF.
Fuente: MDZ