La ruinosa decisión del gobierno de Cristina Kirchner de expropiar la empresa petrolera ha derivado en el más grave fallo contra un Estado en los EE.UU.
La reciente decisión de la Justicia estadounidense contra el Estado argentino por la reestatización de la petrolera YPF en 2012 fue el último capítulo de una nefasta historia. Es la consecuencia de una expropiación adoptada e instrumentada a los empellones por el gobierno de Cristina Kirchner, que obligará a todos los argentinos a hacerse cargo de una suma multimillonaria, que equivaldría pagar aproximadamente el doble de lo que valdría hoy la compañía por la mitad de sus acciones.
De acuerdo con el fallo de la jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, el Estado argentino debería pagarles a sus demandantes una indemnización que rondará los 16.000 millones de dólares, que sumados a los 5000 millones que ya debió abonar al grupo español Repsol por el 51% de las acciones de YPF totalizaría un monto incluso mayor que el costo de la peor sequía de la historia argentina, estimado en unos 20.000 millones de dólares.
No pocas voces advirtieron en 2012 que la irregular metodología del gobierno kirchnerista diseñada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, para expropiar YPF iba a traer consecuencias indeseadas. Pues así ocurrió, pese a la arrogancia exhibida en todo momento por el actual gobernador bonaerense, que hoy busca su reelección.
Los legisladores que aprobaron la expropiación deberían hacerse responsables del engendro que votaron
En aquel año, el gobierno de Cristina Kirchner intervino la empresa que hasta ese momento era controlada por Repsol, que poseía la mayoría de las acciones, aunque era gestionada por el grupo Eskenazi, como “especialista en mercados regulados”, que tenía una participación menor. Las autoridades nacionales procedieron a una expropiación parcial por medio de una ley que impulsaron en el Congreso y que fue aprobada por el oficialismo y una porción de legisladores de la oposición (ver cuadro sobre la votación en la Cámara de Diputados). Tal decisión desconoció la existencia de una cláusula en el estatuto de YPF según la cual se debería haber convocado a una oferta pública de acciones (OPA) y fijar un precio al que todos los accionistas podrían haberlas vendido si hubiese sido su intención.
Ante la queja de Repsol, dos años más tarde, el Estado argentino llegó a un acuerdo para quedarse con el 51% de las acciones de YPF por 5000 millones de dólares. Pero el gobierno no abrió ninguna negociación con los dueños minoritarios de la petrolera, a pesar de que legalmente hubiera correspondido que quienes se hacen del control de una compañía ofrezcan condiciones similares a los restantes accionistas. También desconoció el derecho de preferencia, que implica que los socios podrían igualar la oferta que hace un tercero. Dentro de estos últimos se hallaba precisamente el grupo Eskenazi, que en el año 2008, a instancias del gobierno kirchnerista, le compró en una cuestionada operación el 25% de YPF a Repsol sin poner dinero, sino recurriendo a créditos bancarios que serían saldados con lo que le correspondiera de las utilidades de la misma empresa petrolera.
En esas circunstancias, apareció el fondo Burford Capital, que compró los derechos de varios de los socios minoritarios –entre ellos, los de Petersen Energía, la firma española que tenían los Eskenazi como vehículo para ser dueños de YPF–, con el propósito de hacerlos valer en una millonaria demanda contra el Estado argentino. La Justicia argentina investiga si los empresarios argentinos se quedaron con algún derecho litigioso o si todos fueron comprados por el fondo Burford.
Lo cierto es que, pese a todas las prevenciones sobre las irregularidades en la operación de expropiación, en aquel momento Kicillof aseguraba descaradamente que la nacionalización de YPF no nos iba a costar un centavo. Más aún, declaró que “los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”, una frase que utilizó la jueza Preska en los fundamentos de su decisión, que podría costarle al Estado argentino la friolera de 16.000 millones de dólares más los intereses que corran hasta su liquidación. El pez por la boca muere y 47 millones de argentinos serán esclavos de las desafortunadas palabras de Kicillof y de la mala praxis del gobierno de Cristina Kirchner, acompañada lamentablemente por la mayoría de los legisladores nacionales.
Más allá de la necesidad de apelar la decisión judicial y de la necesidad de profundizar la investigación sobre los turbios vínculos que unirían al grupo Eskenazi con el kirchnerismo, es muy tarde para lágrimas. Los responsables políticos de este costosísimo y vergonzoso desaguisado tendrán que hacerse cargo y la ciudadanía deberá castigarlos ejemplarmente en las urnas.
Fuente: La nacion