Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la tasa de inflamables, la intendenta presentó un proyecto para reemplazarla.
Un impuesto por una tasa
Ante la cercanía de una campaña presidencial que requerirá recursos para seguir impulsando políticas en el Departamento, e insatisfecha con la pérdida de una fuente de ingresos —que se destinaban al programa ambiental Montevideo Más Verde, uno de los puntos señalados por Ducsa para dar de baja la tasa de inflamables, en tanto ésta no se dirigía a cubrir las necesidades del organismo contralor (de mejorar la seguridad de vehículos que transportan líquidos inflamables) ni generaba una contraprestación a las empresas—; Cosse envió el proyecto el lunes, apenas comenzada la semana.
El texto menciona que “históricamente la Intendencia de Montevideo cuando la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional un tributo o precio por no ceñirse a las características propias de su especie tributaria, ha procedido –si lo entiende conveniente a los efectos del cumplimiento de sus fines- a reestructurar el mismo conforme a derecho“.
De esta forma, la comuna pretende seguir recaudando el dinero de la tasa de inflamables, solo que bajo la forma de un impuesto. Esto estaría amparado por el artículo 273 de la Constitución, que permite a las Juntas Departamentales “crear o fijar, a proposición del intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten, mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.”
La alícuota establecida por el documento enviado a la Junta es del 0,5% del valor de los bienes transportados, calculado en función de la cantidad de litros por el precio de venta de lo que se transporte, indica el proyecto.
¿Se avecina un conflicto?
En caso de prosperar la iniciativa presentada por Cosse, quedará esperar también qué sucederá con el precio de los combustibles ya que, tras el fallo de la SCJ, las petroleras de la capital decidieron reducir los valores en surtidor, trasladando la reducción de costos por la eliminación de la tasa a la tarifa del consumidor final.
Esto también lo consideró el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, cuando sostuvo a Subrayado que quienes buscan sustituir la tasa “se tendrán que hacer cargo de restituir una carga sobre los combustibles del país, que ya están suficientemente caros y que tienen una carga de impuestos bastante importante”.
El posible escenario de aumentos se daría, además, en un contexto en que es posible que las tarifas se vean impactadas por la parada técnica en la refinería de La Teja y la consecuente pérdida del margen de refinería que ha mantenido estables —subsidiado— los valores en los surtidores en varias ocasiones.
Si bien el presidente de la empresa estatal insistió en que “si es legal, Ancap lo va a tener que aplicar y la población lo tendrá que pagar”, admitió que su deseo personal es que “no prospere, porque no se trata de costos que sean realmente retributivos de algún servicio para la población”.
Fuente: Ambito