En un juicio súper veloz, de no más de cuatro días, la jueza Loretta Preska deberá decidir cuál es el monto que deberá afrontar el país por la forma en que se nacionalizó la petrolera en 2012, y que dejó “heridos” al costado del camino.
Tiempo de descuento en el juzgado del Segundo Distrito Sur de Nueva York con respecto al juicio por la manera en que el kirchnerismo nacionalizó YPF en 2012.
La jueza a cargo del tribunal, Loretta Preska definirá en horas la velocidad con que la que su fallo en contra del país (y no contra la petrolera) deberá evolucionar hasta dictaminar el monto que Argentina le debería pagar a los dos fondos Burford Capital y Eton Park, eligiendo la opción de aceleración de los demandantes o de la defensa.
Argentina quiere que el comienzo de la etapa final sea el 24 de julio (fecha tope reglamentaria). Los dos fondos el 23 de junio (el mínimo posible). Los abogados que representan al país piden que la jueza se tome cuatro días para escuchar a las partes, mientras que Burford y Eton reclaman un día y una resolución severísima y rápida.
Ahora todo dependerá de Preska, que quizá antes de que termine esta semana tomará una decisión. Lo importante de lo que resuelva la magistrada, es que una vez que culmine esta etapa comenzará a correr el tiempo para que ella misma tome dos definiciones.
La primera, el monto que Argentina debería pagarle a los dos fondos vencedores. La segunda, dictaminar si hay o no más plazos en su juzgado para resolver la cuestión de fondo o de forma, y, si no hay más impedimentos jurídicos, dictar sentencia. Obviamente, reflejando su fallo ya definido a favor de Burford y Eton.
En ese momento a la Argentina no le quedará nada más que reclamarle a Preska y deberá comenzar los preparativos para la apelación ante la Cámara de Nueva York.
Según el especialista Sebastián Maril, “Loretta Preska ahora deberá decidir cuándo comenzará el juicio que abordará los únicos tres temas que no fueron definidos en el fallo del pasado 30 de marzo, que declaró a Argentina “culpable” de haber expropiado YPF sin seguir los pasos legales estipulados.
Los fundamentos
Este nuevo juicio, que tendrá una duración de no más de cuatro días, decidirá la fecha en la cual el Estado argentino debería haber lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por las acciones no expropiadas, la tasa de interés punitoria y el monto que Argentina deberá abonar a los beneficiarios del fallo”.
Por lo que se sabe, los fondos demandantes le reclaman a la Argentina el reconocimiento de un monto de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, partiendo de la base de lo que es el corazón de la demanda, el pago a Repsol por la renacionalización de la petrolera y el no reconocimiento de los derechos del resto de los accionistas minoritarios de recibir la misma oferta de parte del estado argentino. A ese monto deberían sumarse intereses acumulados.
Burford y Eton ofrecerían además un plan de pagos, con respaldo de bienes o instrumentos financieros como garantía. Obviamente, Argentina rechaza de plano la oferta, y sólo estará presente en el proceso de negociación porque la legislación norteamericana donde se juega la causa, así lo obliga.
Pero la posición del Gobierno argentino será la de desconocer el fallo, insistir en la versión que oficializó el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires y exresponsable de la renacionalización, Axel Kicillof, sobre que todo se trata de un “absurdo jurídico” y una especie de conspiración internacional, intentando ganar tiempo, tanto en esta primera como en una segunda instancia. Al menos hasta que termine el actual proceso electoral argentino.
Tal como contó MDZ, el fallo de Loretta Preska resulta claro. Especialmente, al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.
Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.
Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina.
Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Y ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano, tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.
En consecuencia, para el fallo de YPF la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
Un largo recorrido
Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino y, en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.
Preska no determina el monto a pagar, invitando a las partes a un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que obviamente no llegará a buen puerto. Lo que sucederá es que llegado un plazo determinado, la jueza determinará que no hubo acuerdo entre las partes, dejará en firme el fallo contrario al país, probablemente determine un monto a pagar (que no será menor a los U$S 8.000 millones) y, finalmente, Argentina fallará.
Se estima que se abrirá luego un proceso de no menos cuatro años, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Para llegar a estas conclusiones, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente, 11 años demandó en sacar sus conclusiones.
Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso de aproximadamente un año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.
Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.
Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford.
Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quienes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Desde la Argentina hay pocas expectativas favorables.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen.
El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quien es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de la audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en US$66 millones.
En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de US$440 millones, en lugar de los US$3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Expertos en megajuicios
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.
Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem.
Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital, dedicado a comprar juicios alrededor del mundo a particulares y compañías en crisis, pero que tienen causas más o menos sólidas para litigar en los tribunales internacionales.
Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013, con lo que pudo esperar una definición desde hace ya nueve años.
El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012.
Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Según comenta Maril, “Burford tiene derecho al 70% de una posible sentencia favorable en el caso de YPF, por la cual pagó US$15 millones más los gastos. Burford estima que el valor del caso de YPF es de US$800 millones y ya ha realizado transacciones en el mercado secundario por una ganancia de US$121 millones.
Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por US$136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso que la Corte Suprema de EE.UU. vuelque la balanza a favor de los litigantes.
El fallo global podría llegar a los US$2.000 millones de capital, más los intereses que fije el tribunal primario, más los gastos generados por toda la causa. Según la jurisprudencia que quedó por el juicio a los fondos buitre, el dinero global podría llegar a los US$2.500 millones, o aún más.
Fuente: MDZ