Lo que se cocina por detrás de la humareda

El mensaje judicial que dejó la visita al FMI. Promesa de colaboración y reproche. Dos casos para observar: el jury al fiscal Scapolán y el asesinato del “Lauchón”. Por primera vez, Argentina logra repatriar dinero del narco descubierto en guarida fiscal. La Corte tiene en sus manos un expediente para dirimir la explotación del litio que enciende alarmas.

Debajo de la superficie y alejado de los fuegos de artificio que dominan la agenda pública, subyacen una serie de puntos –en apariencia inconexos- que configuran un escenario en materia judicial cuya relevancia es inversamente proporcional a la atención que recibe. Del reciente viaje del presidente Alberto Fernández a Nueva York y Washington, la delegación que encabezó Sergio Massa se sorprendió ante las autoridades de Estados Unidos que habían confeccionado un pormenorizado informe respecto a un ítem que también desveló al Palacio de Hacienda: las medidas cautelares que se otorgaron en tribunales locales que habían garantizado una sangría de dólares a través de la autorización indiscriminada de importaciones, en muchos casos, de manera irregular. El venezolano Luis Cubeddu –jefe de la misión del FMI para el caso argentino- contaba con un reporte caso por caso en los que por vía de una autorización judicial se habían intentado sortear controles oficiales, con daño en reservas. También cuáles habían sido los efectos de la estrategia de la Aduana para sofocarlos al punto que de 2600 en el stock, ahora solo quedaron 23 al cierre de febrero. No solo responsabilizaron a la brecha cambiaria que propiciaba subterfugios, sino que apuntaron a los controles estatales. “Faltó rigor profesional en la administración de las importaciones”, fue el reproche textual que lanzaron sobre la mesa desde el FMI.

A cambio del rigoreo sobre gestiones anteriores, desde EE.UU. se comprometieron a enviar desde mayo mayor cantidad de información en el marco del TTU (Trade Transparency Unit), con más frecuencia y con un detalle más amplio de operaciones. El ensayo fue el caso NRG Argentina donde con información aportada en el contexto del intercambio, las autoridades norteamericanas proveyeron un detalle del giro del dinero, de los apoderados de las cuentas en los bancos de EE.UU. y el destino final de fondos que terminó en una sociedad de Bolsa de Argentina, como reveló Ámbito. La promesa es que sería solo el principio.

El otro aspecto por el que se exhibe preocupación es por el narcotráfico y el nivel de penetración en estructuras estatales. Para develar la complejidad de la trama es preciso analizar el resultado de dos juicios en curso, con escasa publicidad. El primero es el jury al suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, acusado de liderar una organización que extorsionaba a narcos, presuntamente robaba sus cargamentos que terminaban siendo revendidos, utilizando para ello los márgenes de su jurisdicción como investigador. Bandas de policías que sustraían drogas secuestradas; abogados que negociaban beneficios o pedían dinero a cambio de mejorar situaciones; declaraciones falsas de uniformados con destino a ser insertadas en expedientes; e invasión de causas federales. La Comisión Provincial por la Memoria es querellante en el fuero penal y veedor del juicio político.

Scapolán logró dar vuelta en Cámara de San Martín un procesamiento por asociación ilícita que le había revoleado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Le quedó el cargo de falsedad ideológica. La jueza fue la testigo estrella al inicio del jury y cargó con todo sobre el fiscal bonaerense. Arroyo Salgado había cuestionado públicamente a sus superiores cuando fue apartada de la instrucción de la causa, en el tercer intento que había planteado uno de los subalternos de Scapolán. Echó un manto de sospecha sobre las motivaciones. Pareció quedar en evidencia un enfrentamiento sordo entre sectores que disputan su poder a través de un expediente judicial.

El segundo juicio ocurre también en territorio bonaerense y bajo el mando del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín: es sobre los dos policías del Grupo Halcón acusados de haber asesinado a Pedo “Lauchón” Viale, integrante de la ex SIDE y acribillado en su casa de Moreno hace casi 10 años. Sobrevuela desde el comienzo un aroma a ajuste de cuentas entre la bonaerense y elementos de la AFI que podrían identificarse como un mensaje. Viale era de Contrainteligencia y todos asumían que además de estar ligado a Jaime Stiuso, era el encargado de trabajar asuntos de la Secretaría ligados al narcotráfico. El Grupo Halcón irrumpió en su domicilio y aparentemente sin identificarse se inició un tiroteo feroz en el que asesinaron a Viale de once disparos en un baño. El martes está prevista una audiencia clave en el juicio por el tenor de los testimonios. Pocos recuerdan que durante la instrucción de la causa, el abogado defensor del Grupo Halcón era el multifacético Fernando Burlando, hoy lanzado a su candidatura para gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

No todas son cuestiones truculentas: La Argentina consiguió su primer decomiso internacional de fondos ligados al narcotráfico. Lo anunció el fiscal general de Resistencia Federico Carniel y fruto de un extenso trabajo vinculado a la causa del abogado Carlos Salvatore, un expediente icónico de la magnitud de una operación de tráfico de drogas y lavado de activos conocido como “Carbón Blanco”. Los fondos estaban en una cuenta radicada en la vidriosa jurisdicción de la Isla de Man. Se recuperaron esos activos en un hecho inédito para el país. Salvatore murió no sin antes ser reconocido como el principal traficante de cocaína del país pero además por haber intentado encargar el asesinato de la jueza Zunilda Niremperger que había investigado su caso. Una escucha en la cárcel develó su plan.

El mundo empresarial se sacudió con el pedido de informes que cursó la Corte Suprema respecto a las empresas que participan de forma exploratoria o de explotación de litio en las provincias de Salta y Jujuy. Lo hizo en el marco de una causa por un amparo ambiental y también comprende al Estado Nacional. Los permisos para explotar litio y borato en la cuenca Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc quedaron en la mira respecto a todos los aspectos ambientales relevados en las autorizaciones. Es la primera vez que la Corte interviene en un amparo ambiental planteado en 2019 y sobre un tema en el que están puestos los ojos económicos de gran parte de los actores por la relevancia y magnitud del negocio minero para la Argentina.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales lo enmarcan en un pedido de informes de rutina. Todavía resta expedirse respecto a su competencia en el expediente que cuenta con el visto bueno de la Procuración General por competencia originaria. El amparo viene acompañado con un pedido de medida cautelar para que no se otorguen más permisos en la cuenca que comprende un ecosistema que abarca se extiende desde el sur de San Antonio de los Cobres, Salta, hasta el Norte de Abra Pampa (Jujuy). En el camino, la situación además suma enfrentamientos con las comunidades originaria de la cuenca y los acuerdos con los que los gobiernos provinciales han arribado, que no incluye a todas. El expediente tramita bajo el número 2637/2019 “Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos y otras c/ Jujuy, Provincia de y otros s/ amparo ambiental”. La demanda salpica también al Gobierno nacional por la “presunta conducta omisiva en que incurrió, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda – Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, que es el encargado de la coordinación e implementación del Plan Nacional del Agua en todo el territorio nacional y quien incumplió los deberes a su cargo de garantizar la efectividad y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, según indica la presentación. A favor del pedido de informes en 30 días firmaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El caso va a plantear el primer desafío en el horizonte del “oro blanco” para la Argentina donde pueden intervenir los tribunales y sobre el que se posarán los ojos no solo de los gobernadores de distinto signo político, sino también de las multinacionales que apuntan a desembarcar, y específicamente de Estados Unidos.

Fuente: Ambito

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