El aumento de las tarifas de gas debía instrumentarse el 1° de marzo. Pero lleva casi 30 días de demora. Uno de las causas que complicó el proceso fue una objeción de la Procuración del Tesoro, que se agarró de un tecnicismo para impugnar la suba de las tarifas para ampliar la red de gasoductos. Por su parte, YPF, principal accionista de Metrogas, logró con un planteo a última hora que el Estado autorice un aumento de las facturas residenciales más alta que la prevista. Nueva audiencia pública para salir del paso. Cuánto terminarán subiendo las boletas residenciales.
A principios de año, el cronograma de aumentos elaborado por el ministro de Economía, Sergio Massa, preveía que las facturas de gas subirían el 1° de marzo y las de electricidad un mes más tarde, el 1° de abril. En esa dirección, el Ejecutivo publicó en marzo los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edenor que entrarán en vigencia desde fines de esta semana, con una suba promedio del 89%.
Las nuevas tarifas de gas, en cambio, son una incógnita. Debían publicarse a fines de febrero, pero un mes después de esa fecha el misterio continúa. De hecho, funcionarios del Ente Regulador del Gas (Enargas) intentarán esta semana que los cuadros se publiquen contrarreloj antes del viernes para que empiecen a regir en abril.
El proceso se demoró fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es realmente insólito. Uno de los asuntos administrativos que la Secretaría de Energía tuvo que subsanar fue una objeción de la Procuración del Tesoro de la Nación que impugnó la suba que el Enargas tenía previsto autorizarla a Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Trabado por un tecnicismo
El organismo que dirige Carlos Zannini señaló a través de un dictamen interno que la transportadora controlada por el Grupo Pampa Energía y la familia Sielecki no presentó en la audiencia pública realizada en enero el detalle de las obras de ampliación del sistema que el ente regulador pretendía financiar mediante un aumento de las tarifas de transporte. Un tecnicismo superfluo a esta altura del partido.
“Procuración interpretó que TGS no pidió en la audiencia las obras por las que el ente quería darle tarifas. Sinceramente, es un absurdo. Estamos tratando de ampliar lo más rápido posible la red de gasoductos para no depender del gas y los combustibles líquidos importados y nos objetan esta pavada”, admitió, molesto, una fuente del área energética del gobierno.
La situación no hace más que evidenciar una vez más los problemas de coordinación que caracterizaron la gestión energética del Frente de Todos en casi tres años y medio de gobierno.
¿Cómo se zanjará la cuestión? El Enargas llamará en los próximos días a una nueva audiencia pública para fines de abril en la que convocará a las dos transportistas a que definan cuáles son las obras prioritarias que requiere el sistema de gasoductos troncales. El organismo autorizará ahora una suba de tarifas para las dos empresas, pero recién en mayo, después de la audiencia, les solicitará que asignen esos fondos adicionales a los proyectos de ampliación que precisa el sistema. Fue, más allá del manoseo, la única forma que encontraron los técnicos de Energía para acomodar regulatoriamente la cuestión después de que Procuración les juegue en contra.
Pedido de YPF
Las fuentes consultadas explicaron que, además, que la demora para validar la suba de las facturas de gas también obedeció a un pedido de YPF, principal accionista de Metrogas, que reclamó un incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD) más alto que el que preveía autorizar el gobierno.
Directivos de la petrolera que preside Pablo González se reunieron en marzo con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para solicitar una recomposición mayor del cargo fijo que se cobra sobre las facturas residenciales del área metropolitana de Buenos Aires. Como Metrogas brinda el servicio de gas en la región con mayor densidad de usuarios por superficie del país, se vería especialmente beneficiada con una actualización tarifaria de ese tipo.
La empresa argumentó frente a las autoridades del área energética que atraviesa un escenario financiero complejo por tener que gestionar una deuda de alrededor de 250 millones de dólares que se tomó durante la gestión de Fernando Ambroa en 2017.
Los técnicos de Energía respondieron que regulatoriamente no están autorizados a cambiar la fórmula de ajuste de tarifas como pidió Metrogas sin realizar antes una nueva audiencia pública. Pero no cerraron las puertas al planteo de YPF.
Lo que finalmente se decidió, según coincidieron fuentes públicas y privadas consultadas por EconoJournal, fue incrementar el VAD que rige para los usuarios del Nivel 1 (de alto poder adquisitivo) en una proporción más elevada que la que se aplicará a los de niveles bajos (tarifa social) y medios (Nivel 3). En definitiva, el aumento del VAD incluido en las facturas de los hogares de ingresos altos será más importante que el que se aplicará en el resto de los usuarios.
Esa lógica primará para todas las empresas, por lo que la recomposición de los ingresos de Metrogas, que antes del planteo de YPF iba a situarse en un 90%, ahora se ubicará en torno al 110 por ciento. En tanto, la de Camuzzi Gas del Sur, que iba a ser del 60%, llegará al 85 por ciento, por citar otro caso.
A raíz de eso, la suba de las facturas residenciales de gas será más alta que la prevista. Este medio había publicado en marzo, que la suba final en las boletas de los usuarios rondaría el 39%. Era lo que estaba pensado. Pero como resultado de estas últimas modificaciones el alza de las facturas llegará casi al 50% a lo largo de 2023, aún así muy por debajo de la inflación.
Fuente: Econojournal