Preparen los memes del Alberto Fernández despeinado con la expresión debajo “y ahora qué pasó” más el insulto que refiere a la madre.
En medio de la sequía y mientras se hacen malabares para conseguir dólares, aparecen indicios de que en el transcurso del primer semestre -si no en los próximos quince días- podría haber definiciones en el juicio por la expropiación de YPF que se lleva a cabo en los tribunales de Estados Unidos. Y como pasa cuando venís en mala racha, podría no traer buenas noticias.
Quienes conocen los pasillos de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York subrayan que el 31 de marzo cierra el registro periódico que hace la justicia norteamericana para monitorear el trabajo de los magistrados. Un detalle que podría acelerar una definición.
La cosa es así. Cada seis meses, se publica la lista de casos pendientes hace más de seis meses de cada uno de los funcionarios. Como viene contando con obsesión el periodista Sebastián Maril en Twitter, el 24 de diciembre se cumplió medio año sin sentencia en este expediente desde que el 23 de junio se completaron las presentaciones de las partes ante la jueza Loretta Preska.
Ya van nueve meses de suspenso. ¿Dejará Preska que aparezca este trámite en la próxima lista? Abogados dentro y fuera del gobierno entienden que no. Y que si no hubiera novedades en las próximas dos semanas, sería difícil que una definición se demorara más allá de mitad de año.
Se trata de un conocido reclamo de u$s 8.550 millones, que podría pasar los u$s 16.000 millones con los intereses incluidos. Para tener una idea: es el mayor juicio contra el país en tribunales extranjeros. Es también el mayor reclamo de los que se ocupa Preska.
Y es el juicio más groso que tiene en marcha el demandante, el fondo de inversión Burford Capital LLC, una corporación hermosa del capitalismo que se dedica a invertir en juicios, por decirlo de alguna manera. En este caso, había adquirido los derechos para ir a los estrados que tenían las empresas concursadas con sede en España creadas por el grupo Petersen, de la familia argentina Eskenazi. Los pagó u$s 15 millones. No hagas el cálculo de lo que ganaría. Hace mal.
El reclamo apunta a que la Argentina habría incumplido los artículos 7 y 28 del estatuto de la petrolera cuando se quedó con las acciones que estaban en manos de Repsol, porque debería haber ofrecido comprar también las acciones de la firma que cotizaban en Estados Unidos (los American Depositary Receipts o ADRs) y que estaban en manos de Petersen.
La Argentina, entre otros argumentos, asegura que si bien cuando se anunció la intervención de YPF, los Eskenazi ostentaban el 25% y el fondo Eton Park -que también está en litigio- tenía un 3%, esto ya no era así cuando se completó el pago de u$s 5.000 millones a Repsol para completar el traspaso forzoso.
Petersen había financiado su ingreso a la compañía con préstamos bancarios que tenían a las propias acciones de la empresa como prenda. Cuando se intervino la empresa y cesaron los pagos, los bancos ejecutaron la garantía y se quedaron con los ADR, por lo que no correspondía -según la defensa que encabeza el estudio Sullivan & Cromwell- hacerle ninguna oferta a nadie.
Después de ocho años, los escenarios que pueden darse son:
Una sentencia a favor del país que desestimara el reclamo de los demandantes, que asoma como una decisión poco probable porque en los juzgados como el de Preska, una mujer conservadora de 74 años, el apego a “la letra” de un estatuto manda.
Un fallo liso y llano que le dé la razón a Burford, que obligaría a empezar a trazar la forma de pagar una suma bestial. Una mancha más al tigrense.
Una definición abierta, con la convocatoria a una audiencia para escuchar más argumentos de uno y otro lado, que debería hacerse este mismo año.
O una eventual definición contraria al país pero que dejara al margen a YPF, aduciendo que se trató de una decisión del Estado, su accionista mayoritario, y no de la sociedad anónima.
Se trataría de un escenario bastante positivo para la Argentina, ya que quedarían fuera del alcance muchos activos de la empresa que podrían resultar embargables a la hora de perseguir el cobro.
Como fuere, la irrupción en la agenda de la definición de este caso podría combinar un elemento más de presión sobre las reservas del Banco Central con una bomba política en el medio de la campaña.
Porque más allá del fallo volvería a discutirse no sólo la expropiación, sino otro episodio crucial de la política energética del kirchnerismo, y muy difícil de defender: el momento en que ingresó el grupo Petersen a la empresa insignia del país, sin poner un peso y con posibilidad de devolver los préstamos de la operación con los dividendos que embolsarían en perjuicio de una inversión crucial para el desarrollo del país.
Del resarcimiento que hubiera que pagar -se verá- un 70% le corresponde a Burford, y un 30% para la quiebra de las viejas compañías de Petersen en España. No se descarta que, si el desembolso fuera grande, incluso hasta podría corresponderle una retribución como accionistas residuales a los propios miembros de la familia que originalmente tuvo los ADRs, con Enrique y Sebastián Eskenazi a la cabeza.
A la espera de novedades, este último disfrutaba hace unos días de Imagine Dragons en el Campo de Polo.
Fuente: Cronista