La audiencia pública convocada por el Enargas dejó planteado un marcado contrapunto entre las gasíferas y las asociaciones de usuarios. Qué plantean
Más allá de las recomposiciones de sus ingresos específicos que van de 135% al 265% que plantearon las transportadoras y distribuidoras, la audiencia pública convocada por el Enargas dejó planteado un marcado contrapunto entre la entidad que aglutina a las gasíferas y las asociaciones de usuarios.
A pocos días de que entrara en vigencia la tercera suba programada del 40% en el valor del gas para los hogares que perdieron los subsidios y los que tienen consumos que exceden los topes bonificados; la intervención del ente regulador que encabeza Osvaldo Pitrau llamó a audiencia pública para tratar de manera virtual tres puntos salientes: los nuevos cuadros tarifarios de transición para las operadoras privadas del servicio gasífero; el traslado a las facturas del precio del gas que deben establecer las autoridades energéticas y el cambio e incremento de la estructura tarifaria de la empresa Redengas que abastece a la localidad de Paraná.
En representación de las empresas del sector –Metrogas, Naturgy, Gasnea, Camuzzi (Sur y Pampeana), Gasnor, Litoral Gas y Ecogas-, la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas) advirtió que “las compañías necesitan ingresos que les permitan continuar operando el servicio público. La cadena del valor del gas natural no será sostenible si no se revierte, de manera clara y categórica, el deterioro en que arrastran en sus ingresos específicos”.
“Desde 2019, la remuneración de la distribución de gas aumentó sólo un 60%, muy por debajo de todos los indicadores de la economía como el IPIM que subió 276%; el IPC, 281 %; el índice de la construcción, 265% y el coeficiente de variación salarial, 237%”, puntualizó la entidad.
Piso histórico
Agregó que, en ese mismo período, la incidencia del margen de distribución en la factura promedio de un cliente residencial cayó al 12%, el piso histórico más bajo de las últimas tres décadas, luego de haber representado el 24% en 2018 y el 41% en 2013.
La presentación de Adigas destacó que durante el año pasado “el margen bruto de las distribuidoras fue negativo y se hizo necesario contraer deudas comerciales para poder sostener la operación del servicio”.
Tras cartón alertó que “sin un aumento tarifario específico en 2023, el 78% del margen iría solamente a pagar sueldos y no habría recursos para operar, mantener y encarar las inversiones prioritarias”.
Según Adigas, la cadena de valor del gas natural “debe ser analizada en su conjunto, ya que un aumento del precio del combustible impacta sobre las distribuidoras en costos no reconocidos en el pass through. En ese sentido, el mayor costo de todos y el más crítico es el gas natural no contabilizado (GNNC), que es aquel que compran las distribuidoras a las productoras y no pueden recuperar de sus clientes porque forman parte de las pérdidas técnicas de la operación del servicio”.
Cuáles fueron las pérdidas, según Adigas
De acuerdo con los cálculos de la entidad, la pérdida económica por ese motivo que debieron afrontar las empresas en 2022 ascendió a $2.728 millones y proyecta alcanzar este año un total de $10.812 millones si no se autorizan aumentos de tarifas.
“En el traslado a tarifas del precio del gas se debe respetar el derecho de las distribuidoras al pass through o principio de la neutralidad económica”, destacó el documento de Adigas. Con respecto al cálculo del pass through, señaló que “debe considerarse el volumen real vendido por la variación entre el precio de gas comprado a las productoras y el facturado a los usuarios”.
También planteó que “se debe autorizar el traslado tarifas de los impuestos y tasas creados por provincias y municipios que ya acumula un saldo pendiente de reconocimiento de $1.700 millones”.
Por último, la entidad representativa de las distribuidoras reclamó la aplicación de un “mecanismo de actualización trimestral de tarifas” para mantener los niveles de ingresos y contrarrestar los aumentos en los costos operativos y salariales que genera el contexto inflacionario.
La otra cara del aumento del gas: el punto de vista de los usuarios
Por su parte, el grupo de 30 entidades que conforman la “Comisión de Usuarios del Enargas” salió a rechazar cualquier modificación el Valor Agregado de Distribución (VAD) por el impacto negativo que generará en las facturas de los usuarios.
El documento presentado por la Comisión de Usuarios consideró que “estamos ante una caída sostenida del salario real que genera más pobreza, sumado a que no hay nuevos empleos genuinos en correlación con el aumento de los planes y programas públicos para los sectores más vulnerables. Algunas de las consecuencias de esta situación, es que el 13,3% de la población no ha podido pagar el alquiler o la hipoteca y el 26,4% se atrasó en el pago de los servicios públicos y el 27,4% no pudo pagar las tasas municipales”.
Al analizar el nuevo escenario que dejó la segmentación tarifaria y quita de subsidios, las asociaciones de consumidores advirtieron que las autoridades energéticas “incluyeron automáticamente al 35% de los usuarios residenciales de gas en el Nivel 1 que agrupa a los hogares que pasaron a pagar la tarifa plena de gas”.
“Para la Secretaría de Energía, 3.038.00 familias tienen ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $ 510.818 (3,5 canastas básicas) lo que se contradice con los últimos datos del INDEC que señalan que hay apenas 982.973 familias que tienen ingresos familiares superiores a 350.000 pesos”, destacaron las entidades de usuarios.
Con respecto al impacto en las facturas finales que tendrían los aumentos solicitados por las gasíferas, la Comisión de Usuarios señaló un cliente hogareño N1 de Naturgy que pagaba en marzo de 2022 una tarifa de gas de $ 7,09 por metro cúbico pasó a abonar ahora –tras los ajustes aplicados en agosto, octubre y enero —un precio de $ 26,80 el metro cúbico, lo que equivale a un aumento del gas del 280%.
Esos incrementos en el valor del gas determinaron que saltara de pagar una factura promedio de $2.430 en marzo pasado a una actual de $5.499, lo que representa una suba del 126,3%. Y si ahora el Gobierno le da curso al incremento que reclama la empresa, ese usuario de Naturgy tendría que pasar a pagar a partir de febrero una factura final de $ 8.270, con un aumento acumulado en menos de un año del 240% frente a una inflación anual que roza el 100%.
Fuente: Iprofesional