Con autonomía de gestión, la empresa sabe cómo explorar, producir y comercializar petróleo y gas natural; pero sometida a precios intervenidos, interferida en las decisiones de inversión y con incorporaciones políticas a su plantel, deja de ser parte de la solución y, por su peso relativo, se transforma en otro problema para el sector energético y para la economía
YPF fue una de las primeras empresas petroleras estatales del mundo. Creada en junio de 1922, casi el 70% de su vida jurídica se desenvolvió como empresa 100% estatal. Pero la trayectoria accionaria, asociada a los vaivenes de una Argentina en crisis sistémica desde la revolución de 1930, no es lo más relevante para explicar su desempeño y sus resultados. Estos están asociados a las políticas energéticas a las que fue sometida su gestión y a la autonomía en el gerenciamiento de precios, inversiones y costos.
A mayor interferencia política en su gestión, peores resultados económico-financieros; a políticas energéticas más discrecionales (precios políticos, reglas cambiantes, cortoplacismo) menores logros en producción y reservas.
La YPF que la administración Alfonsín le transfirió a la administración Menem estaba organizada como sociedad del Estado. El decreto 2248/90 transformó a YPF de sociedad del Estado en sociedad anónima comercial. El Estado Nacional era dueño del 100% de las acciones. Su transformación en sociedad comercial habilitó el camino al reparto accionario. En la ley 24.145 de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF, 51% de las acciones quedaron bajo el dominio del Estado Nacional, 39% se asignaron a las provincias productoras y 10% fue para el personal. En el mismo instrumento provincias y Nación se comprometieron a vender en rondas sucesivas parte del capital. El Estado Nacional preservó una masa crítica de acciones (20,3%) suficiente para controlar decisiones estratégicas y decidir la dirección de la empresa. En 1998 empiezan las tratativas con Repsol. Se vende un 14,99% de entrada y luego el remanente de acciones que tenía el Estado Nacional. Los españoles hacen entonces una oferta pública por todo el paquete de la compañía. YPF muta en Repsol-YPF.
El Estado privatizó YPF priorizando lo fiscal a lo estratégico. En las sucesivas rondas de ventas accionarias se hizo de 6718 millones de dólares. Bajo el giro español, el otro hito en la estructura accionaria de la YPF privada se da cuando en 2007 la administración Kirchner promueve el proceso de “argentinización”. El grupo Eskenazi compró el 25,46% de las acciones de la compañía. Se habilitó el pago de dividendos extraordinarios para repagar los créditos de la “argentinización”.
En 2012 la administración de Cristina Fernández de Kirchner expropia el 51% de las acciones en poder de Repsol y el Estado Nacional asume el control de la empresa. Repsol cobró una indemnización de 5000 millones de dólares en 2014 y hay juicios pendientes derivados de aquel proceso. Así llegamos a la YPF de hoy. Estatal, privada o mixta, sea como “brazo ejecutor de la política petrolera” antes, u ocupada del negocio en competencia con otros actores como se pretende ahora, YPF acumula una experiencia de 100 años y ha pasado por todas las turbulencias de la Argentina política y económica.
Con autonomía de gestión, YPF sabe cómo explorar, producir y comercializar petróleo y gas natural. Pero sometida a precios intervenidos, interferida en las decisiones de inversión y con incorporaciones políticas a su plantel, deja de ser parte de la solución y, por su peso relativo, se transforma en otro problema para el sector energético y para la economía.
En una estrategia energética de largo plazo, con reglas estables y señales de precios que reflejen costos económicos, el profesionalismo y el know how de YPF puede sorprendernos con buenas noticias que se trasladarán a su hoy paupérrimo valor de capitalización bursátil. Pero requiere el correlato de un país normal.
El autor fue presidente de YPF S.E; director de YPF S.A y secretario de Energía
Fuente: La nacion