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En lo que va del año el Gobierno ya lleva devengados gastos en subsidios energéticos por $420.000 millones, una cifra que es 174% más alta que la del año pasado en términos nominales y el 78% en términos reales.

Tras las audiencias públicas, el debate sobre los subsidios se instaló no solamente en el seno del gobierno sino también en la oposición. En lo que va del año el Gobierno ya lleva devengados gastos en subsidios energéticos por $420.000 millones, una cifra que es 174% más alta que la del año pasado en términos nominales y el 78% en términos reales. Los datos son del primer cuatrimestre del año y corresponden a la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). En ese marco, según un reciente estudio de IDESA la mitad de ingresos de empresas de energía vienen de subsidios.

Con datos del Ministerio de Economía sobre valor bruto de la producción y del INDEC sobre fuentes de generación de ingresos se puede estimar la parte de la facturación que las empresas de energía eléctrica, gas y agua reciben como pago de los usuarios y la que reciben como subsidios del Estado. Según estas fuentes, para el año 2021 se observa que:

• El 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios.

• El otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado.

• Esto implica que prácticamente la mitad de los ingresos de las empresas de electricidad, gas y agua provienen de los subsidios del Estado.

“Estos datos muestran que el financiamiento de estos servicios públicos proviene casi en partes iguales de la tarifa que pagan los usuarios y de los subsidios que decide el Estado. Ante esta situación, la idea de mejorar la situación fiscal con aumentos de tarifas impone un enorme desafío”, expresan desde IDESA.

El Estado Nacional asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios a sectores económicos. Cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua.

Por último, IDESA concluye que “se trata de servicios donde el uso de fondos públicos sólo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables. En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiando el costo no tiene sentido. Diferente es el caso del transporte público de pasajeros donde puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares. Pero en esta área solo se destina un 20% del total de los subsidios y arbitrariamente se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

 

 

Fuente: Ambito