Sin duda, la economía sigue en el ojo de la tormenta tanto de la gente como de las autoridades, entre otras cosas, por el recalentamiento mundial que está registrando ante la continuidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Localmente, sin embargo, las herramientas a las que estaría apelando el equipo económico, además de no estar dando resultado, parecen provocar más conflictos aún. Tal lo que está pasando con el recientemente anunciado “fideicomiso” para el trigo, pero fondeado con 2-3 puntos de retenciones extra a los subproductos de la soja como harinas y aceite (?), y que será destinado a los molinos, y no a los consumidores vulnerables, ni a los panaderos… El hecho, no solo aceleró el malestar que ya se venía percibiendo en el interior, con reclamos de autoconvocados del campo, sino que ahora también la industria aceitera (la de mayores inversiones en el país), amenazó con judicializar el tema, mientras que una parte de la oposición ya adelantó que “no se votará ningún aumento de impuestos”. El asunto reabrió la controversia sobre la legalidad de las retenciones, que algunos juristas de peso consideran inconstitucionales y más aún, al no tener Presupuesto (Diputados, finalmente no lo votó a fines de diciembre), donde estaba la delegación de facultades al Ejecutivo como para poder hacerlo. “Vamos a hacer una causa penal contra todos los que firmen”, adelantó una fuente legislativa, mientras la mayoría teme una escalada jurídico-política, tal vez no demasiado justificada por los alrededor de u$s400 millones que implica la medida. El Gobierno siempre supo que se judicializaría el tema.
Fuente: Ambito