La administración de Fernández se ha topado con tres hechos significativos relacionados con los valores que deberá abonar por importaciones de combustibles
Acontramano de la buena noticia que representan para las cuentas fiscales los aumentos en el precio de la soja que se vienen registrando en la Bolsa de Chicago, las subas en los valores de los combustibles externos que el Gobierno está obligado a importar para atender la demanda de gas y alimentar las centrales térmicas han comenzado a jugar en contra y nadie descarta que la situación negativa tienda a agravarse en los meses de bajas temperaturas.
En la primera semana de febrero, la administración de Alberto Fernández se ha topado con tres hechos significativos relacionados con los precios que deberá abonar por las importaciones de combustibles previstas para la primera mitad del año.
En primer lugar, las recientes licitaciones de 25 barcos de gasoil y fuel oil que llevaron adelante las autoridades de la Cammesa—la administradora del mercado eléctrico manejada por el Estado—implicarán un desembolso 30% mayor al que se había previsto a mediados de enero cuando se puso en marcha el mecanismo de compra.
Por los 18 cargamentos de gasoil destinados a las usinas de generación térmica que fueron adjudicados a Shell, Gunvor y Chevron; la Cammesa deberá pagar algo más de u$s540 millones que, según los números que llevan técnicos del sector, representan casi un 25% más que la suma girada en los primeros meses del año pasado por una provisión similar.
En tanto, por los siete buques con 350.000 metros cúbicos de fuel oil que quedaron en manos de las comercializadoras energéticas Mercuria y Novum, los precios finales se ubicaron un 35% arriba de los valores pagados en las últimas adquisiciones de 2021.
En segundo lugar, en la licitación testigo que lanzó para sondear el estado del mercado mundial de GNL, la estatal IEASA se encontró con un valor récord que resulta casi tres veces más elevado que el promedio de 2021 y supera en un 15% el precio que presupuestaron para este año las autoridades energéticas.
En este caso, la única carga de GNL por barco que llegará a mediados de marzo a la terminal de regasificadora de Escobar se terminó adjudicando a la firma Vitol por un precio de US$ 27,24 por millón de BTU (MBTU) muy lejos de los casi US$ 8 por MBTU promedio de 2021 y 3,52 dólares por encima del promedio de US$ 23,72 por MBTU que la Secretaría de Energía calculó que iba a pagar este año por ese combustible importado.
El escenario económico con el GNL promete complicarse más de la cuenta en los próximos meses. Para cubrir la reducción de los envíos de gas de Bolivia y poder garantizar el abastecimiento doméstico, el Gobierno decidió reforzar la apuesta por el GNL con dos movidas salientes.
Por un lado, anticipó el regreso del buque regasificador de Bahía Blanca que estaba agendado para junio a la segunda semana de mayo. Las importaciones de gas por barco se iniciaron en 2008 con una terminal móvil en el sur de la provincia de Buenos Aires a la cual se agregó en 2011 otra similar en Escobar. La planta bahiense –que había sido desactivada durante la gestión de Mauricio Macri en 2018—se rehabilitó contrarreloj en el invierno pasado para poder atender el mayor consumo interno de gas.
Y, por otro lado, diseñó un esquema de compras para todo el año que llegaría a un total de 70 barcos, un 28% que los cargamentos de GNL que arribaron en 2021. La combinación de una mayor cantidad de barcos y el salto de los precios en mercado internacional supondrían para el Gobierno un gasto extra del orden de los u$s1.500 millones.
El gas boliviano, más caro
El tercer dato negativo que recibieron las autoridades energéticas bajó del Altiplano de la mano de los funcionarios de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Tras la reunión bilateral concretada a fines de enero con sus pares de IEASA donde confirmaron que no podían cumplir con los envíos mínimos pactados hasta abril y para la temporada invernal, YPFB les comunicó a los funcionarios argentinos que pretende revisar la fórmula de ajuste en el precio del gas que envía al mercado local.
Los directivos bolivianos anticiparon extraoficialmente que quieren llevar los precios pactados del año pasado de US$ 5,10 por millón de BTU en el invierno y US$ 4,82 en el resto del año a una nueva escala de US$ 9,10 por millón de BTU en la temporada invernal y US$ 7,40 en los restantes meses del año.
YPFB e IEASA acordaron prorrogar hasta abril las negociaciones para actualizar la última adenda del contrato de provisión de gas que había expirado en diciembre. Para este año, los despachos de Bolivia van camino a seguir en caída. En lugar del promedio de 9 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) comprometido para los primeros meses de 2021, ahora solo entregaría entre 7 y 7, 5 MMCD. En tanto, los 14 MMCD promedio que estaban pactados entre mayo y setiembre se verían reducidos este año a un volumen estimado entre 11,5 y 12 MMCD.
En las negociaciones en curso, YPFB también pretendería modificar la metodología de ajuste del precio del gas que exporta a Argentina. Inicialmente, el contrato de importación suscripto en 2006 Néstor Kirchner y Evo Morales contemplaba una fórmula polinómica que combinaba las cotizaciones internacionales de los combustibles líquidos alternativos como el gasoil, diesel y fuel oil. En el último tramo del gobierno de Macri, se cambió ese esquema por otro que tomaba en cuenta el precio del GNL.
El año pasado, la actual administración de Alberto Fernández aceptó una redefinición de la fórmula basada en la cotización del precio del gas en los Estados Unidos—Henry Hub—con el agregado de un suplemento de 2,25 dólares por MBTU. Y ahora, la intención de la petrolera boliviana sería volver a cambiar los parámetros para que tenga otra vez preminencia el precio del GNL que se ha ido por las nubes.
Fuente: Iprofesional