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En el 2021, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, uno de los componentes más expansivos del gasto fueron los subsidios energéticos. En el Presupuesto 2022 rechazado por el Congreso había una reducción de los subsidios, sin embargo los costos volverán a superar las tarifas.

Como era esperado, los cortes de luz volvieron a ser moneda corriente en distintos barrios de AMBA en momentos en que la térmica rozó los 40 grados. Con una semana que promete ser agobiante, volvió a instalarse el debate en torno a los subsidios eléctricos y cuál es el costo real de la energía.

En el 2021, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, uno de los componentes más expansivos del gasto fueron los subsidios energéticos. Los subsidios energéticos tuvieron un aumento del 27,0% en términos reales. Dentro de estos sobresalen las transferencias a la compañía administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que ascendieron a $59.318 millones y aumentaron 27,1% a/a. Esta variación obedeció principalmente a la brecha entre la evolución de los costos de generación eléctrica y las tarifas abonadas por los usuarios.

En el mes de octubre el costo promedio de generación fue de u$s66/MWh y registró una suba del 30,6% mientras que el precio que paga la demanda fue de u$s27/MWh y se redujo un 4,2%. También bajó el nivel de cobrabilidad de CAMMESA que fue del 70% promedio en el acumulado del mes de agosto. El porcentaje de costos financiado mediante tarifas fue del 46% y del 44% anual.

Desde 2017, las subvenciones a la energía crecieron por encima del 0,5% del PBI siendo el 2014 el mayor registro con 2,8%. En 2021 según el Presupuesto, se estimaba que fueran del 1,7% del PBI al igual que en el 2020. Sin embargo el gobierno destinó más subsidios por tener las tarifas congeladas: los subsidios energéticos se incrementaron un 62,1% en relación a la estimación inicial.

En resumen, los subsidios a la energía cubrieron el 56% del costo de la electricidad con una inflación del 51% reafirmando el atraso tarifario.

¿Qué pasará en 2022?

El gobierno planteó a través del Presupuesto 2022 rechazado en Cámara Baja, una reducción del déficit primario desde el 4% del PBI en 2021 al 3,3% del PBI en el 2022. Prácticamente la totalidad de la reducción se explicaba por un recorte a los subsidios eléctricos que pasarían al 1,7 al 1% del PBI.

La estrategia del gobierno para lograr amortizar este desfasaje es por dos carriles: en primer lugar, incrementar la oferta. En ese sentido, la Secretaría de Energía puso en marcha el Plan Gas.Ar en noviembre del 2020 cuyo objetivo es incrementar la producción diaria en unos 30.000 millones de metros cúbicos por día en un plazo de 4 ahorros. Esto le otorgaría al estado un ahorro fiscal y divisas superiores a los u$s9000 millones.

Por otra vía y para evitar un golpe en los bolsillos de los argentinos se trabajó durante el 2021 en un plan para segmentar tarifas de una manera más progresiva. Recientemente, el Gobierno autorizó un aumento de las tarifas de luz y gas de entre el 17% y 20%.

En principio, la segmentación impactará en 500.000 usuarios del área metropolitana que dejarán de pagar un abono subsidiado para afrontar el consumo total. En la ciudad de Buenos Aires perderán los subsidios los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los u$s3700. En tanto, en la provincia de Buenos Aires se tomará como referencia el valor de la tierra. Además, dejarán de percibir la asistencia los usuarios de barrios cerrados, la actividad financiera, el transporte ferroviario, el juego -bingos y casinos- y las oficinas públicas.

Una de las particularidades del nuevo esquema de aumentos de las tarifas que fijaron como un incremento para todo el 2022 de hasta el 20%, lo que está 13 puntos por debajo de la estimación de inflación que había realizado el ministro en el presupuesto 2022.

La decisión de aumentar las tarifas se da tras casi dos años de mantener la luz y el gas congelados por la emergencia de la pandemia de coronavirus que impactó en los ingresos de los argentinos. También la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reclama una reducción del déficit con un plan a corto, mediano y largo plazo.

Lo cierto que uno de los desafíos más importantes que tendrá la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de ahora en adelante es doble: no solamente bajar el déficit fiscal sino también incrementar la oferta para que una vez más, no sea superado por la demanda. Los costos de producción son altos y se requerirá de infraestructura adecuada para cumplir con ese mandato. Las industrias demandan energía para crecer.

 

Fuente: Ambito