El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, expuso el proyecto ante el plenario de las comisiones de Minería y Presupuesto. Hubo cuestionamientos y consultas de parte de los legisladores. Weretilneck anticipó que “si no se modifica, les anticipo que no vamos a acompañarlo”.
A una semana de la presentación oficial del proyecto de ley de Promoción de las Inversiones en el sector Hidrocarburífero, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, presentó la iniciativa ante el Congreso, en el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles; y Presupuesto y Hacienda del Senado.
La semana pasada la propuesta fue presentada a los diversos actores de la industria en una acto que encabezaron el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán y Martínez, en la víspera de la crisis política por las renuncias que se desató durante esa presentación.
Luego del mediodía, Martínez inició la explicación en una videoconferencia con los senadores, los principales lineamientos y objetivos del proyecto que tiene 115 artículos.
En grandes rasgos apunta a garantizar a las empresas que incrementen su producción un cupo de exportaciones garantizadas sobre el cual contarán con libre disponibilidad del 50% de las divisas generadas y con un paquete de medidas adicionales de beneficios fiscales y arancelarios si se cumplen determinadas condiciones.
De momento los senadores de ambas comisiones se encuentran realizando sus observaciones y consultas al titular de Energía de la Nación, que van desde pedidos de aclaración, el pase del proyecto a Diputados, el respeto de las autonomías de las provincias y la compatibilidad de la iniciativa con los compromisos de descarbonización del país.
La senadora por Mendoza de la UCR, Pamela Verasay, fue la primera en tomar la palabra y planteó con preocupación que el proyecto pueda afectar la autonomía de las provincias en lo que hace al federalismo de los recursos hidrocarburíferos.
En ese sentido indicó que “hablé con mesa Ofephi y están emitiendo un informe con disidencias y me gustaría que las provincias petroleras vengan a analizar el proyecto porque no comparten la visión del respeto de la autonomía de los recursos”. Y agregó que “hay manchas de discrecionalidad que no están explicitadas en la ley, porque el texto habla de consulta directa a las provincias pero no explicita qué injerencia tiene esa consulta”.
La senadora por el PRO de Buenos Aires, Gladys González fue una de las más tajantes en torno al cuidado ambiental que debería incorporar el proyecto. “No contempla en absoluto los objetivos de descarbonización de nuestra matriz energética y entra en contradicción de compromisos de cambio climático”, sostuvo a la vez que enfatizó que el ministerio de Ambiente de la Nación debería ser en algunos casos la autoridad de control de los proyectos.
Desde Misiones, el senador por el Frente de Todos, Maurice Closs, solicitó que se enfaticen las obras para llevar gas a la zona norte del país y propuso que se incorporen beneficios para el sector del retail, es decir las estaciones de servicio, para que puedan modernizar sus instalaciones y adaptarlas por ejemplo al uso de GNL como combustible con incentivos impositivos.
Desde Neuquén, la senadora por el Frente de Todos, Silvia Sapag, remarcó la necesidad de incentivar la industrialización en origen de los hidrocarburos, mientras que Lucila Crexell por el Movimiento Neuquino realizó una serie de cuestionamientos vinculados a los beneficios que se darían solo a algunas empresas, en especial a YPF, en detrimento de pequeñas operadoras.
Puntualmente Crexell cuestionó los artículos 8 y 74 del proyecto que premian a las firmas que abastecen la mayor cuota del mercado local y señalo que “esta norma respondería a una suerte de salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados”, en referencia a YPF.
Al respecto tanto Martínez como el asesor de la Presidencia, Ariel Kogan, explicaron que el proyecto busca priorizar el autoabastecimiento local por sobre las exportaciones y por eso se aplican esos incentivos. “Lo peor que podría pasarnos con esta ley es que haya empresas que puedan exportar pero en conjunto se nos caiga la producción nacional”, remarcó Martínez.
En tanto que advirtió que “esto es un régimen de promoción de inversiones, no se toca nada de la ley de Hidrocarburos por lo que el poder concedente siguen siendo las provincias, con todas sus atribuciones entre las que está el análisis del impacto ambiental de cada proyecto”.
En tanto que el senador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó su postura sobre el proyecto que anticipó, elevará pro escrito y solicitó a igual que varios de sus pares que se convoquen a los gobernadores, ministros, gremios y empresas a analizar la propuesta.
En ese sentido, Weretilneck consideró que “una ley que quiere dar previsibilidad significa que no somos previsibles” y anticipó que “si el proyecto no se modifica ya les anticipo que no lo acompañaremos”.
Entre los cuestionamientos, el senador señaló que “el artículo 106 echa por tierra todos los acuerdos entre provincias productoras y el estado federal”, en referencia al apartado que marca que la secretaría de Energía de la Nación será la autoridad de aplicación y control del gas natural licuado.
También indicó que “el artículo 41 vulnera derechos porque no hay representación provincial en el Consejo Federal, es un artículo para mi gusto absolutamente unitario y poco federal”.
A su vez, indicó que “una ley que busca dar previsibilidad no puede dejar en manos de la secretaría de Energía a ver si el petróleo que se va a exportar es de una u otra cuenca. Porque pueden ser decisiones arbitrarias de la autoridad de turno”.
Y por último señalo que “creo que plantear que va a tener un horizonte de 20 años es plantear que el país no va cambiar en 20 años, y si a una empresa le decimos que por 20 años va a poder disponer de un equis porcentaje de su inversión, el aliciente es bastante pesimista porque es como si la condición de la crisis actual va a durar 20 años”.
Martínez explicó que en el caso de la Comisión que analizará los proyectos especiales, los mismos siguen siendo aprobados y controlados por las provincias. En tanto que en lo que hace a la definición de qué tipo de crudo se permitirá exportar, Kogan explicó que “así como hay incentivos diferentes para el convencional y no convencional para que haya inversiones en todas las provincias, queremos evitar que al menos en los dos primeros años las empresas solo aspiren a exportar un tipo de petróleo”.
Fuente: Rio negro