El proyecto de ley fue presentado en Diputados y cuenta con los votos para convertirse en ley esta semana. Marca una ampliación del 370% en la cantidad de beneficiarios del actual subsidio de la Patagonia. La industria y las usinas deberán aportar los mayores costos. Críticas de la UIA.
Una ampliación del 370% en la cantidad de usuarios beneficiados con un descuento en la tarifa del gas es lo que contempla el proyecto de Zona Fría que impulsa el oficialismo y que, pese a las críticas registradas, se estima que podría convertirse en ley esta semana.
La propuesta fue presentada en Diputados por el titular de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y elaborada por el interventor del Enargas, Federico Bernal, quien el lunes expuso los alcances de la iniciativa que apunta a sumar 3.149.108 usuarios a un sistema similar al subsidio de la Zona Patagónica que rige en el país, pero que de momento solo contempla a 859.965 usuarios.
La propuesta recopiló buena parte de los reclamos que se presentaron en la pasada audiencia pública por la tarifa del gas natural que realizó el Enargas, y en detalle contempla la expansión geográfica de lo que se reconoce como Zona Patagónica a Zona Fría, pasado de los actuales 79 departamentos que hoy se contemplan en la Patagonia, La Puna y Malargüe, en Mendoza, a un total de 230 departamentos que cubren también a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy.
El nuevo esquema durará al menos 10 años, que llevará a casi 4 millones el total de usuarios con un subsidio en la tarifa de gas natural por redes, contempla dos situaciones en las nuevas áreas a incorporar.
En la primera, es general, se contempla a la totalidad de los usuarios residenciales de las nuevas zonas que pasarán a contar con un descuento del 30% en la tarifa que abonan. En total se trata de 2.830.000 usuarios, un salto del 364% sobre lo que actualmente es la Zona Patagónica.
La segunda situación contempla a los nuevos usuarios más vulnerables quienes tendrán un subsidio del 50%, abarcando a beneficiarios de planes sociales, jubilados y jubiladas, monotributistas sociales y electrodependientes. En este caso se incorporarán 318.680 usuarios, un salto del 444% con respecto a los 71.725 que hoy tienen ese tipo de beneficio.
Cómo se financia el programa
Este plan se financiará a partir de un recargo en el precio del gas en boca de pozo (PIST) que abonan la totalidad de los 8,5 millones de usuarios del sistema de gas natural del país.
La norma prevé que el recargo, que hoy existe y está en un 4,46%, pase este año a ser del 5,44% (y con un tope máximo del 7,5%).
En este punto es donde se generaron las mayores críticas a la iniciativa, ya que si bien Bernal en su exposición detalló que se tratará de un mayor costo de entre 6 y 8 pesos por mes por usuario, en realidad los grandes usuarios y las usinas del país deberán afrontar un costo mucho mayor.
Es que el proyecto presentado detalla que en el caso de los usuarios residenciales -incluyendo en ello a los que son y serán beneficiarios- tendrán un incremento del 12% en el recargo para el fondo fiduciario. Estos son los 6 a 8 pesos que mencionó Bernal.
El sector del GNC tendrá un alza del 5% en ese costo y el comercial pyme del 3%. Pero en el caso de las usinas el aumento será del 47% y del 33% para los grandes usuarios.
Para este año se estima que el plan necesitará recaudar 28.928 millones de pesos para evitar que el Estado deba aportar fondos. De ese total 3.418 millones de pesos provendrán del mayor costo a los usuarios residenciales, 9.531 de los grandes usuarios y 13.557 de las usinas.
El impacto en el sector eléctrico e industrial
Una alta fuente del sector energético advirtió que en este último caso, el incremento en las usinas de generación eléctrica marcará por un lado un aumento en costo de la energía que deberán pagar los grandes usuarios que abonan el costo total de la generación, mientras que en el caso de los usuarios por distribuidoras ese incremento no podrá ser trasladado y deberá ser cubierto por subsidios de la Compañía Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa).
En tanto que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se advirtió a Energía On que “esto es un peso más que nos ponen en la mochila”, ya que se recordó que si bien esta suba del costo fijo es del 1% “se suma al aumento del 90% que tuvimos este año en la tarifa del gas y al aumento que nos va a venir en las tarifas eléctricas”.
El sector de las grandes empresas representa a 3000 firmas, en su mayoría fábricas, y según enfatizaron desde el Departamento de Energía de la UIA, “se está asfixiando al sector productivo del país porque el gobierno nos recarga la mochila de costos, nos pide que funcionemos al 100% y que no aumentemos los precios. Cuando uno ve esto en conjunto con todas las piezas del rompecabezas que no terminan de cerrar y lo que va a pasar es que no van a haber más inversiones”.
SI bien desde la UIA no se lo dijo claramente, se espera que este mayor costo en el precio del gas y en la electricidad sea trasladado a los precios de los productos generales, encareciendo insumos básicos como los alimentos y potenciando la inflación.
El proyecto de ley podría ser tratado en la sesión que se estima se convocará para mañana.
“Se va a aprobar porque tiene los votos”, detalló a Energía On el diputado por Neuquén, Francisco Sánchez (Pro) quien remarcó que “no puedo acompañarlo porque si bien el espíritu de ayudar es bueno, esto es solo una especulación electoral porque en ningún momento se habló ni de fomentar el servicio ni las inversiones necesarias para sostenerlo”. Y remarcó que “Bernal podrá decir que esto no tiene costo para el Estado pero alguien lo paga y son las industrias”.
Fuente: Rio negro