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La obra contemplaba la construcción de un gasoducto de 1.000 kilómetros de extensión entre Tratayen, en Neuquén, y la localidad de Salliqueló, con el objetivo de transportar el gas de Vaca Muerta.

La Secretaría de Energía derogó la semana la resolución con la que el gobierno de Mauricio Macri convocó a una licitación para la construcción de un gasoducto que permitiera evacuar la producción de Vaca Muerta, con una inversión proyectada de u$s2.000 millones, y en su lugar decidió analizar “mejores alternativas” de transporte de los recursos.

Así lo dispuso el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de la Resolución 448, con la que derogó la Resolución 437 del 30 de julio de 2019 firmada por el entonces secretario Gustavo Lopetegui, que convocaba a la construcción del proyecto y con el otorgamiento de una licencia de operación por 35 años.

La obra contemplaba la construcción de un gasoducto de 1.000 kilómetros de extensión entre Tratayen, en Neuquén, y la localidad bonaerense de Salliqueló, con el objetivo de transportar el gas de Vaca Muerta hasta las zonas Gran Buenos Aires y el Litoral argentino, con un punto de conexión en la ciudad de San Nicolás.

En su momento, la obra fue valuada por los distintos actores de la industria en unos u$s2.000 millones y con una capacidad de transporte de 60 millones de metros cúbicos diarios, y se buscaba asegurar una mayor demanda para lograr la colocación de la producción incremental proyectada por entonces.

La licitación que tenía fecha inicial de apertura de ofertas para fines de agosto sufrió una primera postergación hasta el 12 de noviembre de 2019, posteriormente hasta el 31 de marzo y ya durante la actual gestión de Gobierno se decidió un nuevo plazo de extensión.

La norma firmada por Martínez, además de la derogación de la Resolución 437, instruyó a la Subsecretaría de Hidrocarburos a realizar “una evaluación técnica y legal, a fin de considerar las mejores alternativas de construcción de un nuevo gasoducto o la ampliación de las capacidades de transporte”.

De la misma manera, se consideró que “resulta necesario evaluar el marco legal aplicable al futuro proyecto, teniendo en mira el interés del Estado nacional y de los usuarios”.

Esta referencia responde a que la gestión Cambiemos había decidido modificar el marco normativo del gas natural de la Ley N° 24.076, para facilitar el otorgamiento de una nueva licencia para la operación del gasoducto a construir por un plazo de 35 años, prorrogables por otros 10 años, lo que también resultó derogado.

Martínez también puso en consideración del futuro proyecto la reciente implementación del Plan Gas.Ar, por el cual acaba de adjudicar 70 millones de metros cúbicos diarios por los próximos 4 años, con un volumen adicional para cada período invernal.

A poco de asumir en el cargo, Martínez había adelantado que el proyecto del nuevo gasoducto troncal estaba en revisión por el alto costo que demandaría, y señaló que no se descartaban ampliaciones parciales o loops, tal como se define en el sector a las obras de mejora de la capacidad de transporte.

La resolución derogada fue resultado del Decreto 465 del 5 de julio de 2019, en el que se instruyó la realización de la licitación al entender que la producción de gas natural proveniente de los desarrollos no convencionales había alcanzado una magnitud tal para la cual la capacidad de transporte existente resultaría insuficiente para tales volúmenes de producción.

 

Fuente: Ambito