La causa tiene que ver con una licitación que llevó a cabo la petrolera el año pasado, para adjudicar el servicio de traslado de combustibles por el río Paraná a través de unas barcazas desde la terminal de Santa Fe a la de Chaco para abastecer la demanda del norte argentino
Un revés judicial frenó la posibilidad de YPF de poder ahorrarse al menos US$70 millones en un nuevo contrato fluvial para transportar combustibles al noroeste argentino. Se trata de una causa iniciada por una persona anónima que denuncia a la compañía por supuesto “incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública”.
La causa en cuestión tiene que ver con una licitación que llevó a cabo la petrolera el año pasado, para adjudicar el servicio de traslado de combustibles por el río Paraná mediante unas barcazas desde la terminal de Santa Fe a la de Chaco para abastecer la demanda del norte argentino. En los últimos 20 años, YPF había contratado para este servicio a la empresa National Shipping, del empresario Federico Virasoro, por un valor de US$140 millones anuales.
El año pasado, la petrolera buscó hacer más eficiente el contrato, ya que por la bajante del río Paraná, cada vez se utilizaba menos el servicio y, según habían señalado en la petrolera, las barcazas de National Shipping ya no estaban en buen estado, luego de más de 20 años de uso.
El servicio prestado por Horamar debería comenzar a partir del próximo enero, pero una medida cautelar dispuesta por el juez federal Sergio Ramos el viernes pasado suspendió las “actividades vinculadas a la contratación investigada” y ordenó encomendar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la realización de un informe de auditoría “tendiente a determinar las presuntas irregularidades denunciadas en el Concurso Privado de Precios efectuado por YPF”.
“YPF afirma que no existen razones objetivas ni evidencia o indicio de ilícito alguno que permita justificar el dictado de la medida cautelar, cuyo mantenimiento indudablemente provocará significativos perjuicios para YPF, privando a la empresa del ahorro de costos logrado en base al nuevo contrato”, agregaron en la petrolera.
En National Shipping, por su parte, indicaron que “no son parte de la causa y que no tienen nada que ver con el fallo judicial”. Además, comentaron que son solo proveedores de YPF y que el contrato vence a fin de año. “Si surge algo estamos dispuesto a ayudar”, dijo Juan Francisco Albarenque, director de Asuntos Legales, ante la consulta de este medio sobre qué ocurriría si YPF no puede ejecutar el nuevo contrato.
La naviera Horamar, en tanto, encargó la construcción de seis barcazas nuevas para realizar el servicio, que están siendo fabricadas en Paraguay. La primera ya está terminada, pero la cautelar también suspendió “las obras de construcción y adecuación que se estén realizando en el exterior o en nuestro territorio, y/o la importación de barcos, barcazas y remolcadores”.
“La intención detrás de todo ese andamiaje procesal suponemos que es trabar el accionar de YPF, obstaculizar la construcción de los buques de Horamar y así, llegado el momento, intentar quedarse con el negocio que supieron [National Shipping] tener durante 20 años. No cabe otra explicación”, dijo Stella Morosoly, gerente general de Horamar.
Fuente: La nacion