La empresa también opera en la zona sur porteña y en Lanús, donde gobierna Cambiemos, que pide respetar el camino institucional para analizar el caso
Más allá de las diferencias conceptuales que tienen con ciertos sectores gobernantes sobre sobre el rol que debe cumplir el Estado en la economía y en la sociedad, en Cambiemos se despegan de la avanzada de un grupo de intendentes bonaerenses para quitarle la concesión a Edesur.
La postura del partido que gobierna en parte del área donde opera la distribuidora de electricidad como es la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y en el municipio de Lanús descarta posturas liberales o de izquierda frente al estatismo y se basa en la necesidad de respetar los mecanismos institucionales que existen para analizar el funcionamiento de cualquier empresa de servicios públicos.
Fuentes cercanas al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al intendente Néstor Grindetti, le quitan todo tinte ideológico al tema y se remiten a la posición que Cambiemos tuvo sobre la expropiación de Vicentín, cuando rechazaron la decisión del presidente Alberto Fernández y reclamaron que se respetara el accionar de la Justicia para que avanzara el concurso preventivo de acreedores que se encuentra atravesando la compañía agroexportadora.
“Nuestra posición ha sido siempre la misma, como pasó con Vicentín, que tiene un proceso de convocatoria de acreedores en manos de la justicia”, esgrimen los voceros consultados por iProfesional.
Por eso, se despegan de la avanzada de los jefes comunales del peronismo boanerense y aseguran que la estatización de una empresa de servicios públicos esenciales debe indefectiblemente pasar por el Congreso de la Nación.
En este sentido y por tratarse de un servicio público considerado esencial, piden que con Edesur también se utilicen los mecanismos de control del Estado que regulan el funcionamiento de este tipo de compañías, incluso estableciendo multas y sanciones para los que no cumplan con las prestaciones establecidas en los contratos de concesión.
Es decir, de la terea que debe llevar a cabo el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) sobre la situación de cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones en la que estaría la compañía controlada por el grupo italiano Enel.
El organismo, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, se encuentra intervenido por el Gobierno y, entre sus funciones, se destaca la de controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el marco regulatorio y en los contratos de concesión, y con el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de transporte y generación.
Cambiemos quiere conocer los informes del ENRE
Por ese motivo, los funcionarios de Cambiemos reclaman conocer los informes que hasta el momento haya emitido el ente oficial sobre las actividades de Edesur por las supuestas falta de inversiones e incumplimiento de sus tareas, así como de negligencias en la prestación del servicio.
“Primero, se debe atravesar todo este proceso y si existe un resultado negativo, será a través de una decisión política que debe llevarse al Congreso la que pueda o no terminar con esta concesión”, argumentan cerca de Rodríguez Larreta.
De lo contrario, advierten, el fantasma de un nuevo juicio ante tribunales internacionales como el Ciadi volverá a sobrevolar y podría tener el mismo final cantado que el proceso de reestatización de YPF, a punto de costarle a la Argentina alrededor de u$s3.000 millones por un proceso compulsivo llevado a cabo durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Más precisamente, en el juicio que se dirime en los tribunales de Nueva York por la estatización del 51% de las acciones de YPF que ocurrió en el 2012, cuando CFK ordenó quedarse con las tenencias que el grupo Petersen y Repsol tenían en la petrolera.
En el caso de Edesur, el ente oficial lleva ya aplicadas varias multas por deficiencias en el servicio de la compañía que obtuvo la concesión en1992 y que la tendrá a su cargo hasta el 2087 para los partidos bonaerenses ubicados al sur y sudoeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, donde brinda servicios a más de 2.5 millones de clientes, cubriendo a una población de casi 10 millones de personas, de los cuales, 1 millón se encuentran en el ámbito porteño y el resto en los municipios bonaerenses.
La última sanción fue a principios de este mes de julio en respuesta a reclamos que usuarios iniciaron desde fines del 2019. Se la obligó a pagar una multa de $3.2 millones que debe distribuir entre los 400 usuarios que firmaron la denuncia.
Otra demanda que el ENRE recibió en los últimos meses provino de Lanús, donde un 5.000 usuarios encabezados por el propio Grindetti, también por deficiencias en el servicio. La denuncia colectiva contra la empresa tenía la intención de reclamar que ofrezca el servicio en las condiciones normales, que genere un plan de contingencia ante los cortes de luz y que pague una multa de $200.000 por cada día de interrupción del servicio.
Fuentes de la intendencia de Lanús reconocen el reclamo ante el ENRE y ante la Justicia y aseguran haber sido de las primeras comunas en cuestionar el deficitario servicio que, entienden, brinda Edesur en ese municipio.
De todos modos, aclaran que Grindetti no viene participando de las reuniones virtuales con el resto de los jefes comunales tras haber dado positivo su test de Covid-19, pero entiende que su postura es la misma que esgrimen en la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir, el respeto por el accionar de los organismos oficiales ante el avance estatizador de los intendentes peronistas y del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien enviará un escrito al ENRE para reclamar cambios en la concesión de Edesur.
No queda clara la postura del funcionario, ya que en varios reportajes descartó la posibilidad de una estatización del servicio y se volcó más hacia una nueva licitación, cuestionando la operación de Edesur pero admitiendo desconocer el contenido del contrato de concesión y los riesgos de que una acción de este tipo abra un nuevo juicio contra la Argentina en los tribunales internacionales.
De hecho, en Cambiemos también se cuestiona que la estatización de las operaciones de Edesur sea la respuesta, apelando a la pésima historia que arrasta el Estado como administrador de empresas.
También se preguntan si están dadas las consecuencias para encarar un proceso de este tipo, con un país al borde del abismo, la renegociación de la deuda externa sin resolver y el Estado utilizando todos sus fondos para paliar el desastre económico que las medidas sanitarias contra el coronavirus ha generado.
“Debemos ser cuidadosos a la hora de hablar de estatización, pero no por el costado ideológico sino por las condiciones actuales en las que se encuentra el Estado argentino“, advierten otras fuentes de Cambiemos.
Fuente: Iprofesional