A la espera de que el Gobierno oficialice a través de un decreto la implementación de un barril criollo a US$45, LA NACION accedió un borrador de la normativa, que asegura que el precio de la nafta y el gasoil no bajará por lo menos hasta el 31 de diciembre, a pesar de que, producto de la crisis del coronavirus , el valor internacional del petróleo se haya derrumbado y cotice ahora en torno a los US$30.
Establecer un barril criollo implica que las refinerías – Raízen (operadora de las estaciones de servicio de Shell) y Trafigura (dueña de Puma Energy)- le comprarán el barril de petróleo a US$45 a las productoras -Pluspetrol, Tecpetrol, Vista, Sinopec, Shell y Exxon, entre otras-. YPF y Pan American Energy (PAE, dueña de Axion) son refinadoras y productoras a la vez; es decir, están integradas y se autoabastecen. El precio a US$45 establecido por decreto las afecta en menor medida, pero significa el piso sobre el que tendrán que pagar regalías a las provincias petroleras.
El decreto señala que el barril criollo durará desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial (no es retroactivo) hasta el 31 de diciembre, excepto que la cotización del Brent -el precio internacional del petróleo- supere los US$45 durante diez días consecutivos, y en ese caso cesaría la normativa y volvería a tomarse como referencia el valor internacional. En este período, además, la Secretaría de Energía podrá modificar el precio de manera trimestral.
Dado que el costo principal de los combustibles es el petróleo, con el piso del barril a US$45 no se espera que haya una caída del precio en surtidor de naftas y gasoil. Tampoco habrían incrementos, aunque el aumento del precio del dólar y la inflación generarán presión sobre los otros costos de los combustibles. El Gobierno, por su parte, aseguró que hasta octubre no se aumentará el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) -que se actualiza de forma trimestral tomando en cuenta la inflación-, luego de haberlo aumentado casi 30% el mes pasado.
Las productoras, a su vez, deberán ” sostener los niveles de actividad y de producción registrados durante el año 2019, tomando en consideración la situación actual de contracción de la demanda local e internacional, tanto del petróleo crudo como de sus derivados, producto de los efectos de la pandemia”, señala el borrado del decreto. En la revisión trimestral, el Gobierno controlará que se cumplan “los parámetros de volumen de producción y de niveles de actividad e inversión”.
Si bien el objetivo es atenuar la caída en la actividad y moderar una situación de despidos masivos , el desplome del consumo de combustibles hará difícil que se pueda volver al nivel de dinamismo del año pasado. De hecho, en marzo (donde solo hubo 11 días de cuarentena), las ventas de naftas, gasoil y jetoil (combustible para aviones) cayeron 32%, 14% y 42%, respectivamente, en relación al mes previo, según datos oficiales.
En este periodo, además, las refinadoras no podrán importar “productos que se encuentren disponibles para su venta en el mercado interno”. Para los exportadores, el decreto oficializará el tope máximo de retenciones en 8%, que se aplicará de forma escalonada cuando el precio internacional del barril supere los US$45 y alcanzará la alícuota máxima cuando llegue a los US$60.
Esté régimen de derechos de exportación se mantendrá, aun cuando finalice el barril criollo y se tome de nuevo como referencia el precio internacional. Por otro lado, las regalías que cobran las provincias se aplicarán sobre el precio de exportación y no sobre el barril criollo.
¿Por qué un barril criollo?
El confinamiento obligatorio que establecieron casi todos los países del mundo impactó de lleno en la industria hidrocarburífera, ya que desplomó el consumo de combustibles y esto se tradujo en una caída del precio del petróleo. A medida que se extiende la cuarentena, el impacto en el sector se agudiza, porque se paraliza cada vez más producción que después es difícil recuperar con la misma eficiencia.
Ante esta situación, los productores locales -apoyados principalmente por las provincias petroleras que cobran regalías- pidieron al Gobierno establecer un precio sostén, para mantener la actividad, ya que a valores cercanos a US$30 (como cotiza el barril en el mercado internacional) es difícil continuar con la producción porque no se cubren los costos.
Esto implica que todos los consumidores transferirán recursos a la industria petrolera, porque pagarán por la nafta y el gasoil un valor más caro que el que tendría el combustible si se hubiera continuado utilizando la cotización internacional como referencia. Los productores agropecuarios, por caso, tendrán costos mayores que sus competidores en el exterior y, por lo tanto, serán menos competitivos. Por otro lado, también es cierto que, durante 2002 y 2014 y en 2017, fueron las empresas quienes transfirieron recursos a los consumidores.
El argumento de los productores petroleros y de las provincias para solicitar un barril criollo (y que fue respaldado por el Gobierno) es que, si se frena aún más la actividad, después será muy difícil recuperar el dinamismo que tenía la industria y el país volverá a recurrir a la importación de petróleo para abastecer la demanda local. Sin embargo, mientras el consumo de combustibles no se recupere, no habrá precio sostén que atenúe el derrumbe de la producción.
El Ministerio de Desarrollo Productivo intentó durante dos meses llegar a un acuerdo entre toda la industria para establecer el barril criollo, pero no logró que las empresas refinadoras y productoras se pusieran de acuerdo. Ante la presión de los gobernadores, que vieron derrumbarse sus ingresos por regalías, se decidió avanzar con el decreto.