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Argentina es uno de los países con los autos más caros del mundo. También los costos de inscripción y mantenimiento están entre los más elevados. El sector no crece: solo rebota.

Cuando una persona compra un vehículo en la Argentina en realidad paga por dos. Uno lo pone a su nombre y el otro se lo lleva el Estado. Es porque en el precio al público de un 0 km, el 50% o más son impuestos. Así, el país suma otro triste récord: estar en el grupo de naciones con los autos más caros del mundo. También los costos de inscripción o mantenimiento están entre los más elevados, lo que desalienta la compra. Esto hace que, en el tiempo, el sector automotor no crezca, sólo rebote.

Puede salir de una crisis como la de 2002 para pasar a un mercado cercano al millón unos años más tarde -sólo cuando la paridad cambiaria lo favorece- y volver caer a 200.000 unidades, como algunas empresas estiman para 2020. Nunca una tendencia sostenida.

Esta voracidad fiscal no tiene una respuesta acorde de parte del Estado que la justifique. Una estructura gigante, burocrática e ineficiente que no cumple con algunas obligaciones elementales como, dramáticamente, queda en evidencia en la actual crisis sanitaria. Sólo parece estar pensada para sostener un modelo asistencialista permanente, a costa de quienes pueden generar riqueza pero que, por ese peso omnipresente de un sector público sobredimensionado, es cada vez más difícil de obtener. También es un caldo de cultivo para que la corrupción se propague como un virus en todos los gobiernos.

Este modelo, reflejado en el espejo de los hechos, parece estar agotado. Ante este paradigma, desde distintos sectores de la economía se viene reclamando, cada vez con mayor intensidad, un replanteo en las reglas de juego. La industria automotriz es uno de ellos. Ayer, Ámbito Financiero publicó una propuesta formulada por un importante empresario del rubro de un plan de emergencia de dos años pensado en cómo reactivar las ventas cuando se levante la cuarentena. Se basa en la reducción a la mitad del IVA para modelos determinados, un aporte de las empresas mediante descuentos propios y el no pago de patentes y demás costos por el período que dure el programa. “Todos tenemos que hacer nuestro aporte”, dijo el empresario. Algo simple, pero con buen criterio. No es el único caso. Desde la asociación que agrupa a las terminales locales, ADEFA, se viene proponiendo un plan integral en ese sentido sin demasiados resultados.

Estudios de esta entidad muestran que fabricar un vehículo en la Argentina es un 25% más caro que producirlo en Brasil y el 65% por arriba del costo mexicano. El motivo principal, claro está, es el exceso de presión impositiva. Es decir, no sólo los 0 km son inaccesibles para la mayoría de los consumidores locales, sino que, además, no son competitivos para exportar. Paradoja de un país que necesita dólares. Esto hace que sea cada vez más difícil atraer inversiones, los autopartistas (y hasta alguna terminal) se muden a Brasil y las ventas externas estén supeditadas a un tipo de cambio favorable con el impacto negativo en la producción.

El argumento que esgrimen los gobiernos para no reducir impuestos es el costo fiscal que significaría una medida de ese tipo, más en momentos en los que la necesidad de dinero es vital para sostener esa estructura pública. Sin embargo, hay muchas experiencias que sirven para retrucar esos temores. No sólo en el exterior; aquí, en la Argentina, también. El año pasado, la administración de Cambiemos lanzó un plan de fomento para las ventas de autos durante los meses de junio, julio y agosto. Lo hizo mal, a las apuradas, sin convicción y con fines electoralistas. Fue a través de una subsidio a las empresas -que, dicho sea de paso, no terminó de pagar- para que las fábricas y concesionarias ofrecieran descuentos importantes al público. El resultado estuvo a la vista: las ventas durante ese período crecieron y la recaudación, según dichos de los funcionarios de turno, no sufrió merma, incluso fue mayor a la prevista.

Este pequeño ejemplo muestra que el camino es ese. El sector automotor -toda la economía en general- requiere una política inmediata de rebaja impositiva o camina hacia la extinción desde el punto de vista fabril y su reducción a su mínima expresión en materia comercial, con el impacto social que generaría por la pérdida de miles de puestos de trabajo. Ante un mundo que no será el mismo después de la pandemia, donde las exigencias serán nuevas y mayores para los países, hay una frase que sintetiza el momento actual: “Si se cree que cambiar es arriesgado, imaginen el riesgo que corren por no cambiar”. Esa es hoy la gran disyuntiva argentina.

Fuente: Ambito