El próximo gobierno quiere mejorar la coordinación entre las distintas áreas energéticas y reducir estructuras burocráticas que considera innecesarias. No están conformes con los resultados del Renovar por los altos beneficios fiscales que demanda y la baja integración nacional.
La subsecretaría de Energías Renovables que creó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015 dejará de existir y volverá a estar bajo la órbita de la secretaría de Energía Eléctrica, como una dirección nacional o una dirección simple. Así lo confirmaron a EconoJournal fuentes cercanas al presidente electo Alberto Fernández.
En el equipo económico del próximo gobierno no están de acuerdo con la independencia relativa que asumió el área en estos años, con un subsecretario que terminó teniendo potestades propias de un secretario, no solo en términos políticos sino también administrativos. La intención es mejorar la coordinación al interior del área energética. que encabezará el secretario Sergio Lanziani y contará también con la participación del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y poner fin a ciertas estructuras burocráticas innecesarias que, según remarcan, solo terminaron beneficiando a quienes las comandaban.
La resolución 1/19 de enero de este año, firmada por el secretario de Energía Gustavo Lopetegui, delegó en la subsecretaría de Renovables numerosas competencias que hasta entonces estaban bajo su órbita. Por ejemplo, el subsecretario Sebastián Kind empezó a tener facultades para calificar las ofertas y adjudicar los contratos del programa Renovar, resolver la ampliación de plazos contractuales, la aplicación de multas y el inicio de procedimientos de rescisión contractual, tanto del Renovar y como de la la resolución 202/16.
La subsecretaría de Renovables también ejerce como autoridad de aplicación del FODER (Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables), puede autorizar cambios del socio estratégico de los proyectos del Renovar, habilitar modificaciones de tecnología en los proyectos y aprobar solicitudes de relocalización de los mismos, entre otras facultades.
Si bien el próximo gobierno considera que el desarrollo de las energías renovables es clave para tener una matriz energética diversificada, están convencidos de que ese aporte debe ser a costos competitivos y, por lo tanto, el sector debe ir reduciendo la dependencia de los beneficios fiscales. De hecho, el Renovar incluyó exención de aranceles a la importación de equipos, partes, repuestos, componentes y materias primas, amortización acelerada, devolución anticipada del IVA, exención del Impuesto a las Ganancias Mínimas Presuntas, exención del impuesto a los dividendos ante la reinversión en infraestructura, deducción de la carga financiera en el Impuesto a las Ganancias y certificado fiscal sujeto a acreditación de componente nacional y transferible a terceros. Además, las energías renovables contaron con un sistema de amplias garantías públicas para reducir el riesgo empresario.
Esas ventajas le permitieron a las energías renovables ir creciendo lentamente dentro de la matriz energética, pero eso no se tradujo en costos competitivos y ni siquiera impactó en el entramado productivo local debido al bajo porcentaje de integración nacional de los distintos proyectos.
En el caso de los proyectos de energía eólica adjudicados en el Renovar, el componente de integración nacional ponderado fue de 10,7 por ciento en la ronda 1, de 9,5 por ciento en la ronda 1,5 y de 37,2 por ciento en la ronda 2. En este último caso el porcentaje se elevó al 37,2 por ciento porque la resolución 1 del 29 de septiembre de 2017 propuso para la energía eólica un sendero de integración nacional creciente que fijó una meta inicial de 35 por ciento hasta el 30 de junio de 2020, la eleva al 45 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2021 y finalmente la lleva al 50 por ciento. El problema de esa resolución es que para alcanzar dichos mínimos se fijó una ponderación de piezas y procesos del aerogenerador y si se llega a alcanzar un 35 por ciento de integración nacional del aerogenerador la norma permite considerarlo cien por ciento como un bien nacional.
Fuente: Econojournal