Los gremios habían anunciado una medida de 24 horas tras denunciar 600 cesantías.
El Ministerio de Producción y Trabajo dictó hoy la conciliación obligatoria en el conflicto que se suscitó en el yacimiento de Vaca Muerta, donde los gremios anunciaron hoy un paro de 24 horas como respuesta a lo que denunciaron como “el anuncio de al menos 600 despidos, que se suman a las 1500 suspensiones operadas tras las elecciones primarias de agosto pasado”, según sendos comunicados del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén y Rio Negro.
La conciliación comenzó a regir desde las 17 horas de hoy y por el plazo de 15 días, según la resolución de la cartera que dirige Dante Sica, que intimó a las empresas representadas por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) “a retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto, dejando sin efecto cualquier tipo de medida”. En Trabajo especificaron ante este diario que la resolución implica que las empresas deben retrotraer los despidos que se hayan producido.
Las organizaciones gremiales, a su vez, deberán “dejar sin efecto toda medida de acción directa”, según la misma resolución.
Fuentes gremiales confirmaron a El Cronista que la conciliación será acatada. También dijeron que, hasta el momento, sólo habían recibido dos telegramas de despidos y que el cálculo de 600 cesantías surge “por la cantidad de equipos de trabajo que se bajaron”.
En el comunicado en el que anunció el paro, el gremio de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conduce Guillermo Pereyra, había puesto al desnudo que la “adenda” por la cual se flexibilizó el convenio de trabajo no sirvió para preservar los puestos de trabajo. “Los trabajadores siempre buscaron garantizar la paz social. Así lo hicieron desde la firma de la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo en 2017 y luego en cada mesa de diálogo y convenio firmado. Siempre se priorizaron las fuentes de trabajo y la producción”.
La adenda fue firmada en enero de 2017 y fue un caso testigo para el Gobierno, que sin embargo todavía soñaba con una reforma laboral integral, un proyecto que quedó sepultado luego de la rebelión que se registró en diciembre en la Plaza del Congreso cuando se trató la reforma previsional. Luego de la adenda de Vaca Muerta, la Administración de Macri inició una serie de acciones tendientes a aplicar acuerdos de este tipo en otros sectores de la economía, como ocurrió con la industria automotriz y la lechera, entre otros.
En el caso del petróleo, los cambios al convenio supusieron, entre otras cosas, la supresión de las horas taxi (que reconocían como inicio de la jornada laboral el momento en que los operarios salían de su domicilio y terminaba cuando regresaban), la reducción de la cantidad de trabajadores por pozo y el establecimiento de la continuidad de la labor con viento en superficie y una extensión de 30 a 60 kilómetros por hora en altura.
Las petroleras calcularon en su momento que, con los cambios al CCT, iban a poder reducir el costo laboral entre un 30% y un 40%.
“Es inconcebible que ahora, cuando más deberían respetarse los pactos, los acuerdos y la palabra empeñada, pretendan olvidarse de esos compromisos asumidos”, clama en otro tramo el comunicado sindical difundido hoy.
Para las empresas, en tanto, el problema está situado en la paralización de actividades que disparó el congelamiento de precios del petróleo crudo y los combustibles, que duró entre mediados de agosto y mediados de noviembre.
Desde los gremios deslizan que “las empresas están desorientadas”, entre otras cosas porque “no ven señales de cómo va a ser la política energética tras la asunción del nuevo gobierno”.