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Iba a hacerlo por la ley de abastecimiento, pero decidió usar una herramienta que evita posibles reclamos legales.

Las estaciones de servicio tendrán que mantener los precios actuales de los combustibles por tres meses. Foto Lucía Merle

El Gobierno confirmó que mantendrá fijos los precios de los combustibles durante los próximos tres meses. El congelamiento se utilizará teniendo en cuenta los importes del viernes, antes de las elecciones primarias, cuando el dólar cotizaba a $45,19. El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, estuvo este jueves a la tarde con las petroleras para explicarles el alcance de la medida.

El Ministerio de Hacienda publicará el viernes un decreto de necesidad y urgencia para reglar sobre la cuestión.

El mercado volverá a regirse a través de un precio de barril de petróleo con valores locales. El mecanismo, que ya utilizó el kirchnerismo durante muchos años, lleva la denominación de “barril criollo”. Es decir que se utiliza una cotización argentina para el petróleo, independiente del resto del mundo.

El “barril criollo” revivirá para que todas las operaciones petroleras sean en pesos. De esa forma, los productores le tendrán que vender crudo a los refinadores en moneda local. La herramienta elegida es lo contrario a lo impulsado por el Gobierno cuando desreguló los precios de los combustibles, para que el mercado local se alineara con el comportamiento internacional.

Desde la Casa Rosada habían pensando en este congelamiento a través de un acuerdo con las empresas. Sin embargo, ese mecanismo hubiera sido imposible para YPF, que se habría visto complicado de explicarlo a los inversores. En cambio, si la imposición es del regulador (el Poder Ejecutivo), la petrolera estatal dirá que está obligada a cumplir.

Aunque también se estudió la aplicación de la ley de abastecimiento, el Gobierno irá por la vía de un decreto de necesidad y urgencia. El mismo solo puede ser revertido por una decisión del Poder Legislativo. Sería extraño que esa actitud la adoptara en el Congreso la misma oposición que votó por congelar las tarifas de luz y  gas.

Se calcula que las compañías integradas, como YPF y Pan American Energy-Axion son las que sufrirán más el impacto de la medida, cuyo costo es estimado por la industria en US$ 250 millones mensuales. Raizen, que solo refina, también puede estar complicada porque no tiene producción propia, solo le compra a terceros.

Las empresas hicieron sus estimaciones de pérdidas en base a la cotización del dólar de estos días. Si el tipo de cambio supera los $ 60, ven casi imposible poder cumplir con la exigencia.

El senador y sindicalista Guillermo Pereyra se quejó sobre el eventual impacto que podía tener esta medida en la actividad de Vaca Muerta. Desde YPF le garantizaron que esa compañía mantendrá su nivel de actividad. Esa firma es la que tiene mayor cantidad de equipos en funcionamiento.

Durante la era K, había un “acuerdo” entre los distintos eslabones de la industria. Ese pacto era una exigencia del Poder Ejecutivo para que productores y refinadores establezcan sus propios parámetros de precios, despegados del mundo. Dujovne y Lopetegui habrían recibido instrucciones del presidente sobre la conveniencia de esta decisión, contraria a expresiones más ortodoxas y de libre mercado que venía adoptando el Poder Ejecutivo.

Las empresas que solo se dedican a la exploración (Shell, Tecpetrol y Vista, entre otras) se oponen a esta decisión. Se lo hicieron saber al secretario Lopetegui y al presidente Mauricio Macri. En el Gobierno les hablaron de una emergencia temporal, para detener la inflación en los próximos tres meses. Y les enfatizaron a la compañía que pueden exportar, aunque primero siempre tienen que ofertar su producción en el mercado local.

Fuente: Clarín