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El Gobierno mantendrá el congelamiento anunciado en las tarifas, a pesar de la suba del tipo de cambio

La suba del tipo de cambio mayorista de 22,53% en los últimos dos días impacta de lleno en los bienes de la economía que están dolarizados, como los combustibles y las tarifas de gas y luz. En la Secretaría de Energía indicaron que hay ” cero chances de un descongelamiento” de los precios de los servicios públicos. Por el lado de las naftas, los precios están liberados y dependerá de las petroleras decidir cuánto y cuándo trasladarán a precios la devaluación del peso. Pero sí están decididas a hacerlo.

Hasta antes de la disparada del dólar, el precio de los combustibles ya estaba atrasado en relación con el valor de paridad de importación. Según el informe de resultados de YPF del segundo trimestre, los precios de la nafta en dólares antes de impuestos estaban 11% abajo en comparación con el período anterior. Con la devaluación del 18%, la diferencia de precios se hizo mayor.

Con respecto a las tarifas de gas y luz, el Gobierno había anunciado en abril pasado que no habría más aumentos hasta diciembre. El grueso de los incrementos ya se habían aplicado en los primeros meses del año.

En las tarifas de gas, el componente del insumo -que es el que mayor peso tiene en la boleta- quedó pactado a un precio de US$4,55 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector) hasta el 31 de marzo próximo. Por contrato, el tipo de cambio quedó establecido en $41. Cualquier aumento superior debe ser absorbido por las petroleras y no puede ser trasladado a los usuarios. En septiembre debería haber una actualización del dólar para los siguientes seis meses, pero el Gobierno pospuso este aumento junto con la suba por inflación de los componentes distribución -Metrogas y Naturgy, por ejemplo- y transporte -TGN y TGS.

Del precio del gas, el Gobierno subsidia en promedio un 12% con el plan de incentivos a la producción de la resolución 46. También financia la tarifa social y el subsidio al gas patagónico.

Con respecto a la luz, las distribuidoras compran la energía a Cammesa, la empresa mixta con control estatal que a su vez compra y decide los despachos de electricidad. Los usuarios pagan un 72% del costo de la energía, el resto es subsidiado por el Ministerio de Hacienda. Como se anunció que no habrá más aumentos, el Gobierno deberá absorber el mayor costo en pesos que cuesta pagar la electricidad en dólares.

En el componente de distribución -Edenor y Edesur, por ejemplo-, las actualizaciones corren por cuenta de las provincias, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde todavía son regulados por el ENRE. En este tramo no está garantizado el congelamiento de precios.

Por: Sofía Diamante